Observan falta de independencia del jurado, cuantías muy bajas y un plazo insuficiente para presentar propuestas, que la UDC ha decidido ampliar
13 oct 2020 . Actualizado a las 22:01 h.Tendrán diez días más. Las protestas de los arquitectos por las condiciones del concurso de ideas para elegir el proyecto de la Cidade das TIC han surtido efecto -parcial de momento- y han forzado a la Universidade da Coruña (UDC) a ampliar el plazo de presentación de propuestas. La fecha límite para enviar trabajos, que en la convocatoria del 28 de septiembre había quedado fijada para el 2 de noviembre, ha pasado ahora al jueves 12, a las 14.00 horas.
«Legal pero insuficiente. 35 días naturais para elaborar un estudo de detalle do conxunto de 1,2 hectáreas e un anteproxecto -detallado- de rehabilitación para o edificio do Centro de Servizos Avanzados de 4.600 metros cadrados. Noventa días sería o máis axeitado e razoable», suscriben el centenar de profesionales firmantes de la «petición colectiva de mellora».
No es la única objeción del grupo, en el que se encuentran arquitectos de referencia como José González-Cebrián, Felipe Peña, Fernando Blanco, Xosé Manuel Casabella, Guadalupe Piñera, Covadonga Carrasco o Juan Creus. La composición del jurado adolece de falta de independencia, sostienen, porque no incluye a alguien «externo ás entidades convocantes», si bien recalcan que los actuales miembros son profesionales de «reconocido prestixio».
Presidido por el rector de la UDC, Julio Abalde, el equipo que evaluará los trabajos está formado por los arquitectos Bernardo Lage, jefe de servicio de la universidad; Miguel Abelleira, designado por la Sociedad Centro de Servicios Avanzados Ciudad de las TIC, S.L., que convoca el concurso; Cristóbal Crespo, designado por la escuela superior de A Zapateira; Amparo Casares, vicerrectora; Antonio Raya, adjunto de la anterior, y Álvaro Fernández Carballada, en representación de las empresas con participación en la sociedad mencionada. Completan el jurado Antonio Rodríguez del Corral y Leoncio Touceda, ajenos al ámbito de la arquitectura y designados por la misma sociedad.
El concurso incluye la redacción del proyecto, dirección de obra y trabajos de seguridad y salud del CSA (financiado con una ayuda del Igape de 4,8 millones), y el estudio de detalle de la rehabilitación del recinto de Pedralonga. El ganador recibirá 10.000 euros a cuenta de los honorarios profesionales del encargo (248.941 euros), mientras que el segundo y tercer premio ofrecen una compensación de 3.500 y 1.500 euros. Estas últimas cuantías también han suscitado la queja del sector. «Un total de 5.000 euros, o 0,16 % dos 2.979.545 euros de presuposto de execución material. Un mínimo do 1 % do PEM é o habitual en concursos destas características», razonan.
Además, el documento cuestiona la solvencia técnica exigida en el pliego de condiciones. «Requirir un millón de euros de Presuposto Básico de Execución limita a igualdade de oportunidades, non garante a calidade das propostas e obvia que para valoralas xa hai un xurado creado ex-profeso para iso», afirman.
Por todo ello, reclaman «poder participar en mellores condicións e a posta en valor do traballo de arquitecto, cuxo exercicio require tempo, dedicación e unha remuneración acorde á importancia deste concurso. Os actuais requisitos disuaden da participación e son prexudiciais para a nosa profesión», concluyen.