El gobierno local deberá negociar su incorporación a los presupuestos prorrogados
09 ene 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Parte de las obras municipales más esperadas en la ciudad, planeadas en algunos casos hace más de un lustro, están ahora pendientes de un cambio en los presupuestos prorrogados que permitan ponerlas en marcha.
Es el caso de las dependencias municipales de la antigua Fábrica de Tabacos, que están vacías desde comienzos del 2017, cuando la Xunta finalizó las obras de rehabilitación de la factoría para dedicarlas a usos judiciales. El Ayuntamiento dispone de más de 3.000 metros cuadrados en el inmueble, pero los tiene sin uso desde hace cuatro años. El anterior gobierno, de la Marea Atlántica, no logró aprobar un proyecto viable para esos espacios.
El actual gobierno local prevé trasladar a esas dependencias los Servizos Sociais del Ayuntamiento, cuyas instalaciones actuales presentan numerosas carencias. Las obras estaban incluidas en el presupuesto del 2020 con una partida de casi 6,1 millones de euros, de los que cuatro se invertirían en el actual ejercicio.
Pero el proyecto tuvo que ser modificado para adaptarse a los requerimientos de Patrimonio, y en el 2020 no pudo licitarse. Ahora tampoco es posible hacerlo porque la partida presupuestaria que lo recogía tuvo que ser anulada al prorrogarse las cuentas.
La alcaldesa, Inés Rey, anunció ayer que la próxima semana empezará a negociarse un cambio presupuestario para dotar con fondos ese y otros proyectos.
Porque no solo la reforma de Tabacos depende ahora de un acuerdo del pleno, sino otras obras pendientes incluso desde hace más años. Un ejemplo es la remodelación del mercado de Santa Lucía, con el fin de levantar un nuevo centro de salud. Ese proyecto data del 2015, pero el anterior gobierno tampoco fue capaz de ponerlo en marcha en medio de un prolongado enfrentamiento con la Xunta, que financiará la construcción del centro de salud.
La reforma de Veeduría
El actual gobierno local, de acuerdo a las reclamaciones de los vecinos, ha recuperado el plan de levantar el ambulatorio, y se ha consensuado un proyecto con el Ejecutivo autonómico. Pero no podrá ponerse en marcha hasta que se incluya la correspondiente partida en las cuentas.
En una situación similar está la reforma de la Casa de Veeduría. La mayor parte del edificio se restauró en el mandato 2011-2015. Fue en ese último año cuando se inauguró allí el esperado centro cívico de la Ciudad Vieja, que solo ocupa un cuarto de los 3.600 metros cuadrados del edificio.
En el anterior mandato tampoco se llevó a la práctica un proyecto que permitiese poner en uso las estancias vacías. Pero en los últimos meses al fin se han producido avances. De hecho, a mediados de diciembre se confirmó que el Ministerio de Transporte aportaría 2,5 millones de euros para reformar esos espacios. El gobierno local quiere trasladar allí la Oficina Municipal de Rehabilitación, pero también se habilitarán espacios para mayores, oficinas para empresas en régimen de coworking, aulas de estudio para universitarios y distintos espacios para actividades vecinales y culturales.
Más de la mitad de la obra
La aportación del ministerio permitirá financiar cerca del 52 % del gasto total. El resto debe salir de las arcas municipales, pero no será posible hacer el desembolso hasta que se apruebe la necesaria modificación del presupuesto prorrogado, que además requerirá una tramitación de cerca de dos meses antes de que los cambios entren en vigor. Pero el cambio es imprescindible, no solo para sacar adelante esas y otras obras, sino para pagar los convenios a las entidades sociales, culturales y deportivas de la ciudad, o poner en marcha el nuevo plan de reactivación económica (Presco), que también se negociará en próximos días.
El Ayuntamiento tendrá más de 300 millones, pero precisa vías legales para invertirlos
Suponiendo que la pandemia no cause una caída de ingresos importante, el Ayuntamiento contaría este año con unos 318 millones de euros. Los ingresos municipales en el 2020 estaban calculados en 260 millones, y a esa cantidad habría que sumar los 58 millones de euros procedentes de los ejercicios anteriores, en los que no se ejecutaron la mayor parte de las obras previstas.
Pero sobre el papel, el Ayuntamiento tiene mucho menos dinero. El presupuesto vigente, prorrogado desde el año pasado, asciende a solo 243,14 millones, ya que hay partidas por más de 16 millones que han tenido que ser anuladas por motivos legales al aprobarse la prórroga. Pero el Ayuntamiento, salvo que se produzca un derrumbe de los ingresos, contará con ese dinero igualmente, ya que sigue cobrando impuestos y tasas, y recibiendo fondos de otras Administraciones.
Por ese motivo, los deberes inmediatos el gobierno local pasan por aprobar la mencionada modificación presupuestaria, que permitirá «ordenar» las finanzas municipales, y dotar al ejecutivo local de herramientas legales para poder invertir los fondos que no aparecen recogidos en las cuentas prorrogadas del 2020.
La situación es similar a la que se vivió en el 2019, cuando la Marea Atlántica no logró apoyos para sacar las cuentas. Pero en este caso las circunstancias son distintas. Al contrario que entonces, el actual gobierno local ha logrado llegar a acuerdos para sacar la mayor parte de los asuntos del pleno, y la cantidad que se debe incorporar ahora a las cuentas es mucho más elevada que hace dos ejercicios.
