El fallo de La Solana caldea la inminente reunión sobre los muelles interiores de A Coruña

El espaldarazo a la defensa del espacio público que se desprende de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre la recalificación de los terrenos de La Solana ha puesto en órbita el asunto central de los muelles interiores en un momento crucial jalonado por la reunión este mismo año entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria. En ese marco se explica la reacción del gobierno local al fallo judicial, «un aviso que deixa claro que o planeamento é competencia municipal, non do porto», señaló ayer el concejal de Economía e Planificación Urbana, José Manuel Lage, y el menos combativo mensaje del Puerto, que alude a la «voluntad de llegar acuerdos de los grupos principales» para «concretar cuanto antes la transformación definitiva de estos espacios desde el consenso». 

La sentencia

La Solana no se vende. El TSXG considera «evidente» que el anuncio de subasta de los terrenos de La Solana por parte de la Autoridad Portuaria, «que pretendía indiciariamente sufragar la financiación del puerto exterior», movió a la corporación municipal a modificar puntualmente el Plan Xeral para garantizar la titularidad pública del suelo. El proceso se inició en el 2017, con la Marea en el gobierno, y culminó tres años después, en el 2020, con Inés Rey ya en la alcaldía. El recurso presentado entonces por el Puerto, que alegaba «notoria insuficiencia de motivación», ha sido ahora desestimado. La amenaza de venta de un «espacio libre que es un elemento clave que conforma el frente marino de la ría», en un «enclave privilegiado» de alto valor histórico, artístico y arqueológico, proporciona «razones de interés público que justifican la modificación», resuelve el tribunal. 

El TSXG desestima la demanda del Puerto de A Coruña sobre la recalificación de la Solana

M. M.

La deuda de Langosteira

Sin solución a la vista. La operación política para blindar la titularidad pública de La Solana a través de un cambio en el planeamiento urbanístico perseguía evitar a toda costa la subasta del suelo, con la que el Puerto pretendía saldar una pequeña parte de la descomunal deuda, de 300 millones de euros, contraída para la construcción del muelle de Langosteira. Valga la estimación —recogida en la sentencia del Tribunal Superior— de la inversión municipal necesaria para la obtención de los terrenos, cifrada en 2,3 millones de euros por el Ayuntamiento, para hacerse una idea del oxígeno que aportaría la eventual venta de La Solana. En cualquier caso, pocos defendían en el 2020 los números previstos en los convenios del 2004 para financiar la deuda a través de la construcción de viviendas en los muelles interiores, una vez liberados de las actividades portuarias, y especialmente en la extensa superficie de San Diego. Y tampoco tenía visos de prosperar —y el tiempo lo confirmó— la condonación de la deuda por parte del Gobierno central, que sí otorgó la medida de gracia al puerto de Valencia a través de una adenda en el BOE del último día del 2020. 

Nueva negociación

2023, ¿el año del acuerdo? En estos tres años la ciudad ha asistido a un rosario de declaraciones de intenciones y anuncios de adquisición de suelo público por parte de Administraciones públicas, pero ningún cambio sustancial. El gobierno local, comprometido con el BNG a avanzar en la fachada marítima por el acuerdo de investidura, ha anunciado que convocará una reunión interadministrativa antes de que acabe el 2023. La Autoridad Portuaria, que alude a su «gran esfuerzo en solitario para abrir los muelles a espectáculos y actividades ciudadanas», espera «poder avanzar pronto» y «que esto se concrete antes de final de año». Sobre la mesa esperan temas candentes como las arcas de las que saldrán los costes de urbanización de los muelles o qué usos permitirá el planeamiento y, en consecuencia, qué rentas podrá obtener el Puerto.

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