Las movilizaciones y una investigación judicial marcaron los últimos días de Alu Ibérica, cuyos terrenos albergarán la producción de grafito e hidrógeno de Resonac e Ignis
22 oct 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Parecía seguro y ahora está confirmado. A Coruña no volverá a producir aluminio. La autorización judicial para la compra de los terrenos de la aluminera por parte de la multinacional japonesa Resonac refrenda el fin de seis decenios de fabricación de este elemento químico en el polígono de A Grela. En su lugar, se elaborará grafito y también hidrógeno verde para la posterior producción de amoníaco. Un cambio radical, pero el enclave que fue un símbolo de la riqueza industrial de la comarca en el siglo pasado seguirá siendo un referente, de la energía del futuro, y una fuente de empleo.
Los terrenos iniciarán una nueva vida tras superar un trayecto, cuanto menos, convulso. Su origen fue la empresa Aluminio de Galicia, que echó a andar el 9 de septiembre de 1960. La factoría se convirtió en un motor económico y funcionó hasta el 1985, cuando el Gobierno central, del que era entonces presidente el socialista Felipe González, decidió nacionalizar la planta y la incorporó a la empresa pública Inespal, junto con las fábricas de San Cibrao y Avilés. En apenas 13 años, el complejo industrial volvió a manos privadas al ser adquirida por la multinacional estadounidense Alcoa junto a otros ocho centros de trabajo de Inespal, durante el mandato popular de José María Aznar.
El escándalo del ERE
Durante la gestión de la líder mundial del sector, las protestas por parte de los trabajadores se sucedieron, pero la gota que colmó el vaso llegó en el 2018 cuando la firma anunció que aplicaría un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en las plantas de A Coruña y Avilés para cerrarlas, cuando ya había clausurado otras cinco de las adquiridas en España y se quedaría solo con otras dos en San Cibrao. Entonces, empezó un auténtico culebrón. Las manifestaciones en la ciudad fueron casi diarias, pues los trabajadores no estaban dispuestos a perder sus empleos. La Xunta y el Gobierno se pusieron a su lado, por lo que mediaron con Alcoa y contribuyeron a la búsqueda de un inversor.
Después de meses de concentraciones y conversaciones, el 31 de julio del 2019 los empleados vieron un atisbo de esperanza al conseguir que la multinacional vendiese la factoría, junto a la de Avilés, al fondo suizo Parter Capital, tras un proceso avalado por el Ministerio de Industria, liderado por la socialista Reyes Maroto, y que se presentaba como la solución definitiva. La firma se comprometió a mantener la totalidad de la plantilla durante al menos dos años y trabajar para el futuro rearranque de las cubas de electrolisis, que habían sido paradas previamente con la promesa de que fuera una detención temporal.
Sin embargo, la sorpresa no tardó ni un año en llegar. En abril del 2020 los empleados conocieron al nuevo propietario de las plantas, el Grupo Industrial Riesgo, después de que Parter le cediese la mayoría accionarial. Los sindicatos denunciaron entonces que habían sido víctimas de «un engaño». Y no les faltó razón. La época de Riesgo supuso una caída libre para la compañía. El comité de empresa acusó a la directiva de ejercer una persecución contra los sindicalistas y observó que la planta atravesaba una situación «crítica» después de haberse incumplido el acuerdo de compraventa del 2019. Por ello, los representantes legales pusieron la situación en conocimiento de la Fiscalía y en enero del 2021 la Audiencia Nacional comenzó a investigar lo que estaba sucediendo.
El caso se hizo más preocupante en marzo de ese año, cuando los Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron las instalaciones por la supuesta despatrimonialización fraudulenta de las plantas. Luego, la Audiencia Nacional decretó la intervención judicial de Alu Ibérica y a finales del 2021 se autorizó el concurso de acreedores. Ahora se sabe que las cuentas habían sido vaciadas con la compra de criptomonedas. La única parte positiva para la plantilla al final del proceso fue un acuerdo al que llegaron con Alcoa para recibir indemnizaciones de 60 días por año.