La demagogia legisladora ha destrozado la primera Ley de Vivienda de nuestra democracia. Lo cual ha agravado, aún más, el gran problema que tenemos en Galicia con una oferta de vivienda en alquiler en mínimos y una demanda en máximos. Esta Ley de Vivienda, aprobada por el Gobierno bipartito y sus socios, da finalmente la puntilla al mercado de la vivienda en alquiler habitual, en Galicia, y en España.
No está contemplada ni sola una medida para aumentar la oferta de vivienda en arrendamiento, sino todo lo contrario. Es una ley que penaliza al propietario de vivienda. Y recordando que en Galicia el 98,5 % de los propietarios son pequeños ahorradores. Es una Ley de Vivienda letal para los inquilinos vulnerables y los más jóvenes, ya que reduce notablemente sus posibilidades de poder alquilar una vivienda. Ahuyenta la inversión en alquiler tanto de personas físicas como jurídicas, y en especial la de inversores foráneos.
Por otro lado, no ha aliviado los precios, todo lo contrario. Ha reducido notablemente la oferta de vivienda en alquiler por la tremenda inseguridad jurídica creada. Todo ello con una demanda que seguirá creciendo a razón de un 7 % anual. Es una Ley de Vivienda que, en materia de okupación, somete al propietario de una vivienda que sufra una okupación de la misma a un calvario cruel, injusto y el cual destruye por completo el significado de la propiedad privada en nuestro país. Y no, las viviendas turísticas no tienen la culpa y quien las demoniza solo comete un error. Son un efecto colateral de una legislación fallida, sin más.
La responsabilidad de hacer las cosas mal no la tiene el ciudadano o la sociedad. La tiene el legislador, única y exclusivamente. Está Ley de Vivienda es un ataque frontal a la propiedad privada. Y espero de la Xunta de Galicia, al invadir claramente las competencias de nuestra comunidad autónoma, la recurra, por su más que posible inconstitucionalidad. Y basándome en el artículo 27, punto 3 de nuestro Estatuto de Autonomía, «las competencias en vivienda, urbanismo y ordenación del territorio son competencia exclusiva de Galicia».
Estamos ante una ley de vivienda estatal que únicamente ha creado mas inseguridad jurídica, incertidumbre y preocupación. Todo esto, aumentando considerablemente el galimatías normativo. Y por supuesto, es una intervención de facto del libre mercado de la vivienda en nuestro país. Y preguntaría: ¿En base a qué parámetros y mecanismos se utilizarán para declarar una zona tensionada en el mercado del alquiler? ¿Qué soporte legal tendrán los índices de referencia de precios?
No, la vivienda no es un mercado persa, por mucho que se empeñe el actual Gobierno bipartito de tratarlo como tal. Una ley, cuya aplicación sería compleja y rocambolesca, ya que, para darle un presunto encaje legal se tendrían que modificar la Ley del Suelo Estatal y la autonómica para poder aplicar el recargo de hasta el 150% de IBI a viviendas vacías, tal como propone el Ejecutivo.
Y, por supuesto, también se tendría que modificar la Ley de Haciendas Locales. En definitiva, nos quieren someter a un nuevo laberinto normativo que solo contribuye a aumentar la ya desmesurada inseguridad jurídica y la desproporcionada carga burocrática, con todos los efectos perniciosos económicos que ello conlleva.
Tiene que haber un mercado único de vivienda y reducir el enorme exceso de regulación y una excesiva burocracia que solo crea inseguridad y desigualdad. Por lo que espero una modificación sustancial de la nueva legislación al respecto que derive hacia una tendencia más flexible y más liberalizadora.
Y recordando que en nuestro sistema jurídico la ley del suelo es nuestra ley de vivienda, porque el artículo 47 de la Constitución lo que empodera es a las administraciones públicas a salvaguardar el derecho de la vivienda de todos los ciudadanos actuando sobre el suelo. Luego, la ley del suelo es la que determina todo tipo de reservas y cesiones necesarias para destinar un suelo a vivienda asequible, y precisamente eso es de lo que carecemos.
Y finalizo. Normativas claras, concretas, agrupadas y legibles, y sobre todo, dos palabras clave: seguridad jurídica. ¿Y que se deberían hacer? Pues dotar al mercado de la vivienda de seguridad jurídica real, la cual fuese capaz de movilizar únicamente un 2 % del total de viviendas vacías en nuestra Galicia, que según el INE son más de 506.000, para conseguir aumentar la oferta y bajar los precios.
Hacer crecer la oferta de viviendas en alquiler es lo único que derivará en aliviar los precios y atender la fuerte demanda. No hay varitas mágicas. Y por ello respaldo y apoyo el cambio en la normativa que la Xunta de Galicia ha aprobado de adaptación de locales y oficinas para uso de viviendas. Porque debe contribuir a paliar el grave problema de la falta de oferta de viviendas en alquiler.