La fundación que preside Sandra Ortega acusa la falta de trabajadores sociales para atender a 3.000 personas «muy vulnerables»
29 nov 2023 . Actualizado a las 18:16 h.Se trata de personas mayores que sufren alguna dependencia y carecen de un familiar o una red de apoyo que vele por ellos. La Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas, la Funga, es el organismo público, dependiente de la Consellería de Política Social de la Xunta, que tiene su tutela. Para atenderlos disponen de un equipo de trabajadores sociales, pero no llegan. Son siete personas en plantilla para atender a más de 3.000 personas en este régimen en toda la Galicia, lo que deja una media de 420 expedientes por trabajador social.
Esta situación es la que denuncia la Fundación Paideia, que preside la empresaria coruñesa Sandra Ortega Mera. Con el objetivo, reiteran, de velar por estas «personas muy vulnerables que, por desgracia, no tienen voz», como así destacó la propia Ortega Mera en una carta dirigida este mes de octubre a la conselleira Fabiola García, han lanzado una petición pública al organismo autonómico.
«Llevamos varios años viendo como las cosas no funcionan bien. Por quejas que nos han llegado de los trabajadores sociales, que se sienten desbordados, y también por los casos recurrentes que recibimos en nuestro propio servicio de atención y asesoramiento jurídico, el Siaxs, de personas que se sienten desamparadas», expresa María Cotón, la responsable jurídica de Paideia. El servicio que presta la Funga está sobrepasado debido a la alta demanda «ante el número de personas que tienen que acompañar o supervisar y que están en una situación de precariedad»», continúa Cotón.
Esta situación es la que llevó a Paideia a proponer una primera reunión en el 2020, en la que estuvo presente la conselleira, y a crear después un grupo de trabajo, al que invitaron a otras entidades y fundaciones que trabajan en este ámbito, como la Fundación Pública Navarra y Support-Girona. A partir de aquí elaboraron una lista de propuestas para mejorar el servicio, pero en tres años no se avanzó nada, aseguran, y por eso en marzo del 2023 hubo una segunda reunión.
Como desde entonces tampoco vieron avances, Sandra Ortega envió una carta a la conselleira que, a día de hoy, indican en Paideia, no tuvo contestación. «No ha habido ninguna acción ni respuesta. Esta situación de la Funga es conocida por todos los que trabajamos en el ámbito social. Hace años que viene siendo denunciada por otras entidades y si ahora decidimos pronunciarnos no es por hacer una crítica sin más, lo hacemos con una voluntad constructiva», destaca Cotón. «Se están vulnerando una serie de derechos básicos por parte de la Administración», escribió en su misiva Sandra Ortega.
Las propuestas de Paideia
Las propuestas incluidas en su protocolo para mejorar el servicio son crear delegaciones provinciales, «como sucede con menores» para facilitar el trabajo de los trabajadores sociales, que ahora parten desde Santiago para todos los puntos de la comunidad; contratar a un economista que supervise la gestión de la Funga; mejorar la coordinación entre los diferentes actores y entidades que se puedan ver involucradas y, por último, crear una comisión de seguimiento, «esto afecta a entidades bancarias, comunidades de vecinos o Fiscalía», detalla María Cotón.
Unos puntos a los que hay que añadir la actualización de la Funga a la ley que regula su actividad, del 2021. «El término tutela e incapacitación desaparecen de nuestro derecho. La Funga tiene que adaptar su nombre y sus estatutos, donde debe indicar cómo van a prestar sus funciones. Todas las entidades del ámbito privado lo han hecho. Aquí llevan dos años diciendo que esta adaptación va a ser ''inminente''», dice Cotón.
Paideia, termina, «está aquí para sumar, pero tiene que haber una voluntad de cambio. No llega con aumentar el presupuesto. Si la dotación presupuestaria se traduce en un trabajador social más y seguimos haciendo lo mismo, no se soluciona nada. No hablamos de expedientes sobre una mesa, se trata de un tema de dignidad humana». No hay mucha diferencia entre 430 o 375 expedientes por persona, concluyen desde esta fundación que siempre se ha caracterizado por su discreción.
Respuesta de la Consellería
Desde Política Social indican a La Voz que el cuadro de personal de la Funga se ha incrementado, «notablemente», desde el 2009. Anticipan, también, un aumento de su presupuesto de unos 300.000 euros. «O labor da Funga verase beneficiado no vindeiro 2024 dunha importante suba económica nos seus orzamentos anuais. Así, fronte aos 1.881.599 euros orzamentados no ano 2023, contarase cuns recursos económicos que ascenderán a 2.180.506 euros, o cal permitirá poñer en marcha un novo equipo de traballo interdisciplinar, composto por traballador social, administrativo e técnico xurídico, tal e como xa ten aprobado realizar o padroado da fundación», responden desde el organismo que dirige Fabiola García.
El compromiso, dicen, de la Administración Autonómica con la mejora de las condiciones de trabajo de la fundación se ha demostrado también con una subida de más de 874.000 euros desde el 2021. Sobre la adaptación de los estatutos a la nueva ley de junio del 2021, no dan fechas, pero apuntan que será «unha realidade inminente».