Un vecino de A Coruña que vive con su hijo dependiente: «Se me acabó el contrato de alquiler el 31 de enero y no tengo a dónde ir»

Vive desde hace siete años en un piso en alquiler en la calle Monte das Moas 7, en el barrio de O Castrillón de A Coruña , con su hijo de 25 años, que cuenta con una discapacidad del 66 %. El contrato de arrendamiento, firmado el 1 de febrero del 2018, venció el pasado 31 de enero, pero Álvaro F. S., no ha podido abandonar la vivienda «porque no tiene a dónde ir», tal y como confirma uno de los abogados que colaboran con la Asociación de Inquilinos de A Coruña.

El hombre sigue abonando el importe del alquiler, de 361,93 euros, pero desde la propiedad del inmueble le han devuelto el último pago, por lo que, a través del letrado de la entidad, lo han entregado mediante consignación judicial. «El 29 de enero desde la inmobiliaria que gestionaba hasta ahora el alquiler me dijeron que ya no podían mediar más y que quedaba en manos del propietario. Todo el edificio ha sido comprado por una empresa de compraventa y alquiler de bienes inmobiliarios», indica el varón, que pocos días después recibió una visita inusual. «Llamaron a la puerta varios hombres vestidos de negro, al principio pensé que era la policía. Me dijeron que eran de una empresa de desokupación. Me dijeron que tenían otros métodos para que me fuera de la vivienda y que no iba a poder dormir tranquilo», dice.

El inquilino, que cuando alquiló el piso este pertenecía a otro propietario para posteriormente pasar a un fondo de inversión y luego a otro dueño vinculado a la empresa de compraventa de inmuebles que ahora gestiona todo el edificio, invitó a pasar a los hombres para que viesen que no era un okupa. «Les enseñé que tenía muchas cosas ya embaladas, pero que no me voy porque no tengo a dónde. Les dije que necesito dos o tres meses para poder encontrar algo. Me indicaron que firmara un papel conforme tenía un plazo de 40 días, pero no lo hice», expone el hombre, que como le dejaron su contacto, los llamó al día siguiente. «Los intenté convencer de que no aceptaran mi caso, ya que, según su web, no sería su perfil, ya que soy vulnerable. Cobro el ingreso mínimo vital y tengo un hijo con discapacidad, pero me dijeron que daba igual».

En su caso, no ha sido declarado vulnerable, ya que la propiedad no ha denunciado que sigue en la vivienda tras vencer el contrato. Si lo hiciesen, tal y como indican desde la Asociación de Inquilinos de A Coruña, debido a sus ingresos, con una renta mensual de menos de 800 euros del ingreso mínimo legal, sería considerado bajo esa categoría y no podrían desahuciarlo por la ley vigente, que mantiene suspendidos este tipo de operaciones. «Por eso creo que han llamado a esta empresa para coaccionarme», dice. Así, tras esa visita comenzó a sufrir problemas.

Denuncia coacciones

«Me arrancaron el contador y me taponaron la cerradura», señala Álvaro, que denunció estos hechos el 5 de marzo ante la Policía Nacional. Por ello, tuvo que pagar a un electricista para solucionar la conexión y abonar el cambio de cerradura. «La semana pasada volví a quedarme sin luz. Arrancaron las tapas con los fusibles del cuadro de contadores», dice Álvaro, que volvió a la comisaría de la Policía Nacional a dar parte de lo ocurrido.

Desde la empresa de desokupación señalan que actúan simplemente como mediadores para que el inquilino abandone la vivienda, ya que el contrato ha vencido. Este diario ha intentando ponerse en contacto, sin éxito, con el dueño del piso.

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