Xunta y Ayuntamiento de A Coruña firman un convenio para impulsar 99 viviendas públicas
A CORUÑA

La Xunta licita la redacción del proyecto para 30 pisos en Pedralonga y tiene 3 ofertas para otros 58 en Los Rosales
19 jun 2025 . Actualizado a las 17:40 h.La Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de A Coruña firmaron este jueves un convenio para impulsar 99 viviendas de promoción pública. La alcaldesa, Inés Rey, y la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, rubricaron el acuerdo para cesión del suelo municipal a la Xunta, que invertirá 18,6 millones de euros en las actuaciones. Está prevista la construcción de 58 viviendas en Los Rosales, 11 en la calle Rei Abdullah, de Riazor, y 30 en la calle Pedro Fernández, en Pedralonga. De hecho, estas últimas salieron este jueves a licitación para la redacción del proyecto con un presupuesto de 310.069,31 euros. Mientras, en el caso de la de Los Rosales, existen tres ofertas para desarrollar el proyecto, según explicó Heriberto García.
Martínez Allegue apuntó a la «colaboración entre todas las Administraciones públicas» en una materia que cuenta con la demanda de «la sociedad gallega» e indicó que «apuraremos los plazos». Inés Rey incidió en la necesidad de «garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible» para lo que el Ayuntamiento moviliza dos tercera partes del suelo residencial de titularidad municipal. Además, indicó que mantienen contactos con el Estado para realizar operaciones similares de suelo como estas con la Xunta.
En la actualidad, según sus datos, ya hay 426 viviendas de promoción pública en proyecto en la ciudad, una cantidad similar a las que están en funcionamiento.
Mercado residencial tensionado
La Xunta aprobó la propuesta del Ayuntamiento de declarar la ciudad zona de mercado residencial tensionado, una cuestión que tiene una vigencia de tres años y abre la puerta a medidas como limitar los precios del alquiler. No obstante, preguntada por si esa declaración de publicará en el Diario Oficial de Galicia (el Ministerio de Vivienda alega que espera ese paso para poner en marcha las medidas), Martínez Allegue aseguró que sigue «estrictamente la normativa estatal» que «establece que tiene que publicarse en el Boletín Oficial del Estado», por lo que el Gobierno gallego no lo publicará debido a que no tiene obligación.
La Ley por el Derecho a la Vivienda establece que las zonas tensionadas pueden ser aquellas en las que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el 30 % de los ingresos medios o de la renta media de los hogares y que el precio de compra o alquiler haya de forma notable en los últimos años.