Los dueños denunciaron por la vía penal y para desahuciarlo deberán ir por lo civil
24 oct 2017 . Actualizado a las 08:03 h.Los dueños de una de las casas de San José declaradas en ruina, en el embudo de Meicende, se encontraron hace dos años con que el inmueble, que tenían tapiado, había sido okupado por dos hombres. Llamaron a su propia puerta y quien les abrió les comunicó que no iban a abandonar la propiedad bajo ningún concepto. A los dueños no les quedó otra opción que denunciarlos. 29 meses después, la Justicia al fin se pronunció. Para imponer una multa al okupa -su compañero falleció recientemente- de 300 euros como autor de un delito de usurpación de inmueble. También le obligan a pagar los destrozos que pudieran haber causado en la casa. Pero la valoración habrá que hacerla más adelante, cuando el hombre la abandone, porque por el momento no lo ha hecho. Ni siquiera en la sentencia se le obliga a marcharse de la propiedad, solo a pagar una multa por vivir en ella. Otra cosa sería que los propietarios del inmueble emprendiesen acciones legales por la vía civil, que sí contempla el desahucio de los ocupantes. Pero los propietarios acudieron a la vía penal, que se limita a castigar el delito. Por tanto, el hombre continúa residiendo en la casa. Más de dos años después de haberla usurpado.
En la sentencia se recuerda que el ahora condenado, junto a su amigo, echó abajo los ladrillos que tapiaban una ventana y la puerta y se coló en su interior para quedarse.
El Ayuntamiento lleva dos décadas intentando derribar las viviendas
Hace veinte años ya se decía que las casas de San José tenían los días contados. No era cierto. Las autoridades de entonces, como las que le sucedieron, no cumplieron sus promesas y los inmuebles, en ruinas, ahí siguen, siendo hospedaje de indigentes y traficantes.
Sus legítimos propietarios se habían ido a vivir a otro sitio a finales de los ochenta porque aquello era lo menos parecido a un hogar y habían pactado con el gobierno local de entonces que se procedería a declarar las casas en ruinas para derribarlas. Pero el tiempo pasó, y nada. Fue irse ellos y entrar okupas. Y ahí quedaron sin que nada ni nadie les dijese lo contrario, con el disfrute de una decena de casas en las que pudieron hacer y deshacer a su antojo. Y como deshicieron, más que hicieron, las viviendas están en las últimas.
Durante esas dos décadas, esas viviendas unifamiliares se convirtieron en refugio de indigentes y, sobre todo, de clanes de la droga. Ahí se estableció, por ejemplo, el clan de la Trini después de que fuera expulsado de Penamoa. Hubo decenas de redadas y detenciones. Hubo okupas de fin de semana y otros que allí pasaron años. En cuanto unos abandonaban la vivienda, los dueños procedían a tapiar puertas y ventanas, pero nada consiguieron.
Durante el gobierno del PP en el Ayuntamiento se intentó de nuevo el derribo de algunas de las viviendas -las demoliciones se harían de casa en casa, a medida que fuesen aprobándose los expedientes-. Allí acudió el arquitecto municipal, habló con los propietarios, inspeccionó las viviendas y emitió un informe. Fue el primer paso para la declaración de ruina. Pero el proceso no es nada sencillo. No basta con el papeleo municipal. Primero, hay que desalojar a los que allí viven y ahí no se avanzó nada. El estado de los inmuebles no puede ser peor. Son un peligro para los que allí viven y un embudo para la circulación.