Es de justicia el reconocer la gran importancia que para la ciudad de La Coruña tiene la decisión tomada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, de adquirir una parte importante de los muelles del puerto de La Coruña, que en los próximos años quedarán liberados por el traslado de sus instalaciones al nuevo puerto exterior.
Se abren las puertas así a una titularidad púbica de los terrenos, que permitirá aplicar criterios institucionales y no meramente lucrativos en la ordenación y planeamiento de la nueva fachada marítima de la ciudad, sabiendo que el origen y el único fin de esta histórica actuación urbanística es, en materia económica, obtener los lógicos beneficios que contribuyan a financiar las costosas obras del puerto exterior.
No tengo inconveniente en resaltar y agradecer públicamente la iniciativa valiente y personal de Núñez Feijoo, que permite sentar las bases para un acuerdo entre las instituciones afectadas, Ministerio de Fomento, Xunta y Ayuntamiento, contando de partida con la copropiedad de la Xunta, gracias a la inversión efectuada por su presidente, de las superficies más céntricas de los muelles, llamadas a ser calificadas con un uso institucional y público.
Tal como se hizo en todas, repito, todas las experiencias similares llevadas a cabo en otras ciudades de España y del extranjero, corresponde ahora articular una mesa de negociación y diseño, en la que no dudo participará el Ayuntamiento, que aún no hace muchos días reflejó su interés en unas jornadas de debate sobre esta cuestión. Lo que nunca podría ni debería ser es el convertir un proyecto tan apasionante en arma de confrontación electoral, y más ahora, después del paso dado por Núñez Feijoo.
El diálogo institucional siempre será el escenario más grato para los ciudadanos, y sin duda es más útil para el bien común, tal como lo entendieron en la crisis del Prestige en el 2002 el presidente del Gobierno, José María Aznar, y el entonces alcalde de La Coruña, acordando la construcción del puerto exterior de La Coruña.