La interventora recrimina al jefe municipal de obras que no las haya firmado
24 feb 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Desde el pasado verano, Cambre es un ayuntamiento con respiración asistida. El gobierno local repite como un mantra que tiene las manos atadas para pagar y contratar servicios señalando con el dedo acusador a la secretaria y a la interventora. Varios trabajadores de esta Administración confirman que «la tensión entre ambas partes es absoluta». Mientras, algunas empresas que tienen un vínculo temporal con el Concello de Cambre consiguen cobrar las facturas a cuentagotas y después de presentar denuncias en el juzgado, espoleadas incluso por el propio alcalde, Óscar García Patiño.
Pero la situación de las facturas ha dado un pequeño sobresalto en los últimos días. Las funcionarias han decidido remitir buena parte de ellas, cuyos servicios están en precario, al Consello de Contas de Galicia. Ahí estarían las deudas con Jardincelas, que suben a más de 300.000 euros, u otras como Instelec, del servicio de mantenimiento de iluminación pública. El objetivo es que el Consello ponga luz al atasco que hay en el Ayuntamiento de Cambre, después de la fallida resolución de expedientes de omisión de fiscalización sobe las facturas.
Si bien las habilitadas nacionales siempre han cuestionado la validez de los contratos, la interventora constata que los servicios se siguen prestando porque existe un consentimiento de las partes: las compañías continúan trabajando y el Concello da conformidad a las facturas que emiten las primeras.
Comprobación imposible
No obstante, las funcionarias no han podido constatar este punto a través de un tercero, el jefe municipal de Obras y Servicios, que se inhibe de responder por escrito de forma contundente cuando se le pregunta por esta situación. «É certamente desconcertante que (as facturas) carezan da sinatura do xefe de Obras e Servizos», destaca la interventora, quien recuerda que, entre las funciones de esta figura aludida se incluye «supervisar los servicios prestados por empresas para el Ayuntamiento». Pero, por el contrario, el jefe de Obras llega a afirmar que desconoce si los proveedores actuaron por orden de la Administración, en sus informes no se aclara si los servicios se cumplen o no, por lo que desde Intervención le instan a que se pronuncie «afirmativa ou negativamente, sen ningún tipo de condicionante, en canto a se as prestacións foron ou non realizadas efectivamente e se os prezos facturados respectan o prezo do mercado».
Ante esta postura, las habilitadas nacionales consideran que estamos ante una «contratación verbal dos servizos» que caen en nulidad de pleno derecho, por lo que anuncia que llevará los expedientes de empresas como Jardincelas, Instelec y una tercera de empleo social al Consello Consultivo de Contas para que se pronuncie, al tiempo que informa a estas compañías por si quieren presentar alegaciones. Esta vía es paralela a la que han iniciado las empresas en los tribunales para poder cobrar, y la vía judicial tendrá siempre la última palabra en caso de conflicto con el Consello.
«O Concello de Cambre, a pesar de ser coñecedor da obrigatoriedade de proceder ás oportunas licitacións, obviou tales esixencias o que, se cabe, alcanza unha maior gravidade dado que os incumprimentos afectan a servizos municipais obrigatorios», apostilla la interventora, quien mantiene su crítica postura con el gobierno de García Patiño. «Este xeito de actuar á marxe da normativa é o causante da situación actual cos provedores de servizos e subministros, así como do incumprimento do período medio de pago do Concello de Cambre, o cal, lonxe de actuar procedendo a regularizar a situación, mantén a prestación de servizos en precario coa irregularidade manifesta que tal feito provoca».