Salvar el histórico edificio de los años 20 situado frente a la Torre de Hércules requerirá más de 30 millones de euros
01 feb 2022 . Actualizado a las 09:49 h.Trece años después de su cierre definitivo, nadie sabe que va a pasar con la antigua cárcel provincial de A Coruña, que languidece abandonada delante del monumento más conocido de la ciudad, la torre de Hércules. La prisión, construida en 1927, es un edificio singular que sigue las enseñanzas del teórico utilitarista inglés Jeremy Bentham sobre sobre el panóptico como modelo arquitectónico carcelario. Pero ni su singularidad ni su privilegiada ubicación, al pie de la Torre, patrimonio de la humanidad, parecen motivos suficientes para salvarla de la ruina. Tampoco que sea propiedad pública. La Administración, cada vez más exigente a la hora de exigir a los ciudadanos que cuiden el patrimonio y los inmuebles de su propiedad, no se aplica el cuento en el caso de la antigua cárcel, comida por las hierbas y la humedad, víctima de incendios y asaltos para robar cobre.
El Estado vació la cárcel en el 2009. El plan por aquel entonces entonces, cuando el socialista Javier Losada gobernaba con el apoyo del BNG, era destinarla a parador nacional. Esa fue uno de los muchos usos que se habían planteado desde finales de los 90, cuando ya era sabido que iba a perder su función original. También se propuso un centro de interpretación de la Torre o un museo de la ciudad, o de los faros, o convertirla en un espacio cultural. Ninguno de esos planes se llegó a concretar. La conversión en parador, que se pensaba compatibilizar con usos culturales, tuvo según se dijo en el 2009 buena acogida en Madrid, pero quedó en nada.
En los años posteriores al cierre, la prisión albergó exposiciones, proyecciones cinematográficas y otras actividades culturales. La mayoría amparadas por el Xacobeo 2010. Pero a partir del 2012 el abandono empezó a hacerse patente. El inmueble siguió en manos de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (la actual SIEPSE), dependiente del Ministerio del Interior. Esa entidad había firmado en el 2005 un convenio con el Ayuntamiento, entonces presidido por Francisco Vázquez (PSOE), que preveía la permuta de los terrenos de la antigua cárcel por otros sobre los que se levantó el Centro de Inserción Social. Además, el Ayuntamiento tendría que pagar 1,12 millones a Instituciones Penitenciarias a causa de la diferencia de valor entre las dos fincas. Pero el acuerdo nunca se llevó a la práctica.
Las quejas por el abandono del edificio empezaron a crecer. En el 2010 se había fundado Proxecto Cárcere, una entidad ciudadana que tenía entre sus objetivos recuperar el inmueble. Entre sus primeros componentes figuraban tres concejales y otros tantos asesores del futuro gobierno de la Marea Atlántica, entre otros cargos de las formaciones afines a Podemos.
En el 2013, el deterioro ya había provocado roces entre la SIEP y el Ayuntamiento. El gobierno local, entonces presidido por Carlos Negreira (PP), encontró en el palacio de María Pita documentación de los años 20 sobre el acuerdo entre el Estado y el Concello para levantar el inmueble. Esos papeles dieron un vuelco a la situación, ya que decían que el edificio, cuando ya no tuviese uso carcelario, debía revertir en el Ayuntamiento de forma gratuita.
Los populares llevaron el asunto a pleno en junio del 2013, y todos los grupos de la oposición (PSOE, BNG y Esquerda Unida) votaron a favor de que se revisase el convenio firmado en el 2005, con el fin de ahorrar al Ayuntamiento los 1,12 millones de euros.
La infructuosa lucha judicial
Pero el Estado se aferró a ese acuerdo y el conflicto acabó en los tribunales, que en los años siguientes, en distintas sentencias, dieron la razón al Estado. La solución para la cárcel, si llegaba, lo haría tras esa larga e infructuosa batalla judicial que iba a agravar su ya importante deterioro.
El siguiente giro se produjo en el 2015, con la llegada de la Marea Atlántica a la alcaldía. El nuevo gobierno no dio marcha atrás en los tribunales, pero abrió una vía alternativa al llegar a un acuerdo con la SIEP para la cesión temporal de la cárcel al Ayuntamiento con el fin de destinarla a actividades socioculturales.
El último intento de apertura
El acuerdo se materializó a principios del 2017. El gobierno local destinó 185.000 euros para rehabilitar el edificio y abrió un concurso para ceder sus usos. El concurso lo ganó Proxecto Cárcere. No fue una sorpresa. Según un informe de la asesoría jurídica municipal, las bases habían sido «elaboradas a partir da iniciativa presentada por Proxecto Cárcere».
La adjudicación, y los vínculos entre esa entidad y el gobierno local, causaron una fuerte polémica que también acabó en los tribunales. El PP puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, que presentó una denuncia por prevaricación. Fue citada a declarar como investigada la concejala de Participación, Claudia Delso. La causa fue archivada por la Audiencia Provincial en junio del 2020.
Más allá de ese conflicto, el futuro de la cárcel tampoco se aclaró en el anterior mandato. Las obras presupuestadas en 185.000 euros eran insuficientes para rehabilitar el edificio, que tiene más de 15.000 metros de superficie construida, y se ejecutaron con gran retraso antes de que la adjudicataria abandonase el proyecto por la imposibilidad de completarlo. Proxecto Cárcere solo pudo hacer uso de una parte muy limitada del inmueble, y apenas durante unos meses, de agosto a diciembre del 2018.
En mayo del 2019, cuando el PSOE volvió a la alcaldía de mano de Inés Rey, la cárcel seguía en la casilla de salida e incluso más atrás, atrapada en la pelea judicial entre el Ayuntamiento y la SIEP.
Unos meses después, en agosto, al ministra de Turismo, Reyes Maroto, visitó la ciudad y el gobierno local planteó la recuperación del plan director de la Torre. No hubo más movimientos.
Un futuro indefinido
En julio del 2020, el Supremo dio el carpetazo definitivo al intento del Ayuntamiento de recuperar el edificio de forma gratuita. Unos meses después, en enero del 2021, el gobierno local contestó a una pregunta del BNG diciendo que había establecido contactos con el Ejecutivo para recuperar la prisión a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que prevé crear centros para estudiar y recordar la represión durante la dictadura. El gobierno local también preveía solicitar a la Xunta la declaración de la antigua cárcel como Bien de Interés Cultural (BIC), aunque ese trámite estaba pendiente de presupuesto.
Si se han producido avances, por el momento no han trascendido. En el pleno del jueves, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, preguntará en qué se han materializado las conversaciones iniciadas hace un año con el Estado. La declaración de BIC sigue pendiente, y el nuevo presupuesto también.
En estos años, la prisión provincial se ha deteriorado hasta tal punto que las últimas estimaciones cifran su rehabilitación en 30 millones de euros. Esa cantidad es inasumible para el Ayuntamiento. Por lo tanto, la salvación del histórico edificio depende de una intervención conjunta de las Administraciones, que por el momento sigue sin concretarse.