Los jueces de A Coruña salen a la calle para reclamar guardias de 24 horas
A CORUÑA CIUDAD
Piden a la Xunta hacer efectiva la partida presupuestaria para implantarlas en sustitución de las semanales que hay en la actualidad
14 jun 2022 . Actualizado a las 16:17 h.Los jueces de instrucción de A Coruña se han movilizado este martes con el objetivo de reclamar la implantación de servicio de guardias de 24 horas. A la convocatoria han acudido cerca de un centenar de personas. Los miembros de la carrera judicial acordaron el pasado 9 de febrero instar a la Xunta a hacer efectiva la dotación presupuestaria necesaria para sustituir las guardias semanales que existen en la actualidad por las de 24 horas.
Sin embargo, la Administración gallega todavía no dio respuesta a su solicitud. Por ello, los jueces de A Coruña se reunirán en la puerta de la Junta Sectorial de Jueces de Instrucción. Defienden que cuentan «con el apoyo unánime de todos los colectivos implicados en la Administración de Justicia».
María Jesús García García, magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, explicó a los micrófonos de Radio Voz que, ahora mismo, «existen unas horas de guardia presencial— de 09.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas», mientras que el resto son de disponibilidad telefónica. Piden que se hagan todas de forma presencial, como ya está instaurado en el resto de ciudades de España. «Los únicos puntos donde no se utiliza este sistema son en A Coruña y Vigo», indicó.
Reclaman su petición como «imprescindible» para poder garantizar un servicio público moderno, ágil y eficaz. Además, inciden en que la demanda está justificada «por la tendencia al alza de los índices de criminalidad y la necesidad de atender a las peculiaridades de los delitos relacionados con la violencia de género».
La Sala de Gobierno del TSXG ya cursó en 2019 la solicitud del cambio del sistema al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras dar el visto bueno a la propuesta de los jueces de instrucción de A Coruña. En abril del año pasado, el CGPJ emitió un informe favorable a la implantación de la medida, aunque advertía de que el cambio estaba condicionado a que la Xunta y el Ministerio de Justicia asumiesen su coste económico.