La Xunta reclama al Ayuntamiento de A Coruña que complete su solicitud de declaración de zona tensionada
A CORUÑA CIUDAD
El Concello critica la falta de «voluntad política» del Gobierno gallego
21 abr 2025 . Actualizado a las 16:11 h.La Xunta acaba de responder a la solicitud del Ayuntamiento de A Coruña para que la ciudad sea declarada zona de vivienda tensionada. Y lo ha hecho de forma contundente, enumerando las deficiencias que se detectaron en la documentación aportada inicialmente así como la carencia de ella. Desde la Xunta aclararon que no se trata de una denegación, sino de un requerimiento previo para subsanar las deficiencias detectadas para poder tramitar esa declaración.
En el escrito, la Administración autonómica indica que los técnicos del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) confirmaron que se adjuntaron memorias sin firmar y cifras del parque público incorrectas. También faltan acreditaciones documentales de varios trámites, una mayor concreción de medidas correctoras que se proponen (consideran que son muy genéricas), más precisión en las medidas de agilización de la venta forzosa de viviendas vacías o tributarias para favorecer la promoción de vivienda protegida, así como un calendario de implantación de las mismas. Añade que la enumeración de los efectos de la zona de mercado residencial tensionado «debe completarse cunha estimación económica da diminución do importe das rendas que suporá a declaración».
En su requerimiento, la Xunta también incide en que los datos «non son homoxeneos» en cuanto al período temporal al que se refieren y a su ámbito territorial. «O período temporal que se toma como referencia para apreciar a evolución do crecemento acumulado do prezo de compra ou alugueiro da vivenda, non abrangue os cinco anos anteriores á declaración de zona de mercado residencial tensionado, como exixe o artigo 18.3.b) da referida lei, senón que se teñen en conta datos correspondentes a períodos distintos», explican los técnicos. Añaden que esta falta de homogeneidad en los datos fue puesta de manifiesto durante el trámite de información pública, sin que conste en el expediente una respuesta suficientemente motivada a las alegaciones formuladas.
Entre las principales objeciones figura la falta de respuesta a las alegaciones presentadas durante la información pública, así como inexactitudes en los datos, como el número de viviendas protegidas gestionadas por la Xunta, que ascienden a 1.172 y no 423, como indicaba la documentación municipal.
El informe autonómico subraya también carencias procedimentales: no se acredita documentalmente la realización del trámite de información pública (faltan anuncios oficiales y certificados de exposición), ni se presentó la memoria justificativa definitiva, incluyendo la definición detallada de “gran tenedor” exigida por la Ley 12/2023. Además, la mesa sectorial solo se reunió dos veces antes del inicio del trámite, lo que no cumpliría con los requisitos establecidos por la legislación gallega.
Por último, la Xunta cuestiona la falta de concreción del plan de medidas correctoras, que en gran parte recoge acciones ya previstas o en marcha por el propio gobierno autonómico. Se exige mayor claridad sobre las actuaciones municipales previstas, los incentivos tributarios, el calendario de ejecución, y una estimación del impacto económico de limitar los precios del alquiler. Mientras no se subsanen estos puntos, el procedimiento queda en suspenso, de acuerdo con la Ley 39/2015.
Respuesta municipal
Una vez conocida la contestación de la Xunta, desde el Ayuntamiento indicaron que «está claro que la Xunta no quiere contener los precios del alquiler y pone trabas a la declaración de zona tensionada», señala Francisco Dinís Díaz. El concejal de Urbanismo, Rehabilitación e Vivenda añade que el Gobierno gallego «dijo desde el minuto uno que no le gustaba esta ley y que no pensaba aplicarla. Lo que están haciendo es torpedear los intentos de aplicar medidas para limitar los precios del alquiler».
El edil critica que la Xunta, «en vez de promover vivienda pública y favorecer la regulación de los precios del alquiler, se dedica a poner palos en las ruedas a las Administraciones que actúan para que la vivienda sea un derecho».
Sobre los requerimientos realizados, asegura que responderán «a todos los detalles técnicos que nos soliciten, pero es evidente que lo que falta es voluntad política por su parte para aplicarla».
El gobierno municipal aprobó remitir a la Xunta la solicitud para declarar la ciudad como zona residencial de mercado tensionado el pasado 4 de abril y la respuesta por parte del Gobierno autonómico llegó 17 días después, incluidos los festivos de la Semana Santa. La alcaldesa, Inés Rey, había reclamado a la Xunta que actuase con agilidad en este procedimiento, para el que contaba con seis meses para contestar. «Agardamos que non esgote os seis meses que ten para respondernos, e que o faga á maior brevidade», señaló la regidora, que aludió al «informe motivado e extenso» que remitieron.