El real decreto que desarrolla la ley del cine aprobada en el 2007 entra hoy en vigor con una normativa que tiene como algunos de sus principales objetivos facilitar las inversiones en el sector cinematográfico, eliminar las trabas burocráticas para conseguir ayudas públicas y aumentar la transparencia en los recuentos de espectadores que asisten a las salas de exhibición.
La nueva normativa prevé el establecimiento de acuerdos entre el Ministerio de Cultura y los órganos administrativos de cada comunidad autónoma con el objeto de unificar criterios administrativos, y así evitar la duplicidad de cargas burocráticas. El reglamento también intenta favorecer las coproducciones con empresas extranjeras a través de la flexibilización de los requisitos para la aprobación de este tipo de colaboraciones entre productoras de diferentes países, sobre todo en el procedimiento necesario para que este tipo de películas obtengan la nacionalidad española.
La normativa que comienza a funcionar hoy facilita la inversión de sectores económicos ajenos a la industria cinematográfica por medio de la figura de la Agrupación de Interés Económico, que tendrá derecho a recibir ayudas públicas y la posibilidad de incorporarse como coproductora de una película ya iniciada.
El espíritu de ofrecer a las productoras cinematográficas un mayor margen de maniobra en sus actuaciones económicas también se aplica en la obligación, ya anterior a esta ley, que tienen las televisiones de invertir el 5% de sus ingresos en cine. La nueva normativa permite que televisiones y productoras acuerden en qué conceptos se invertirá ese dinero, una materia que en la legislación anterior era menos flexible.
El reglamento refuerza el control sobre las salas de exhibición. Establece unos nuevos mecanismos de supervisión sobre la asistencia de espectadores y los rendimientos económicos de las películas. Esta recogida más exhaustiva de información evitará que el productor pueda hinchar de forma ilegal la asistencia a un determinado filme con el objeto de conseguir las subvenciones que se conceden en función de los espectadores que haya tenido la película. Este refuerzo del control de las taquillas de los cines también facilita el cobro de los derechos de las entidades de gestión de propiedad intelectual.