La ministra de Cultura está dispuesta a modificar la Ley del Cine si la Comisión Europea lo solicita
28 nov 2009 . Actualizado a las 02:34 h.«Con angustia». Así asegura el sector audiovisual gallego que está viviendo el bloqueo por parte de Bruselas de las ayudas para el cine español. A la espera de que se decida si la orden ministerial que las regula es o no legal, el tiempo pasa, y lo que ya está claro es que la convocatoria de ayudas -80.000.000 de euros para todo el sector en España- prevista para el 10 de diciembre se va a retrasar, como advierten las asociaciones de productores de Galicia Aega y Agapi.
Este retraso significa que el sector audiovisual gallego tiene en el aire alrededor de tres millones de euros, la cifra media que los proyectos de cine gallegos están recibiendo en los últimos años como ayuda anticipada del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), parte de las subvenciones que ahora mira con lupa Bruselas.
«Es muchísimo dinero para el sector en Galicia», advierte la presidenta de la Asociación Gallega de Productores Independientes (Agapi), Dolores Ben. «En el 2009, nueve proyectos recibieron esta financiación y es previsible que para el próximo año se concedan a otras ocho o diez producciones, entre documentales, largometrajes, animación y cortometrajes», explica la presidenta de Agapi que advierte: «Muchas pequeñas empresas no resistirán y desaparecerán si la situación se prolonga mucho».
Pero los problemas con Bruselas también han puesto en alerta a los productores que quieren optar a otra de las vías de financiación, la que pueden conseguir hasta un millón de euros por largometraje si su presupuesto ha alcanzado el doble. A esta aspiran las películas que sean taquilleras en el 2011, aquellas con las que sus productores tengan la aspiración de hacer buena recaudación. «Entre 3 y 5 largometrajes de productoras gallegas pueden optar a esta vía», estima Susana Maceiras, vicepresidenta de la Asociación de Empresas Galegas do Audiovisual (Aega).
Posibles cambios en la orden
La duda que, según la asociación, ahora se plantean los productores es si deben seguir adelante con su proyecto o dejarlo parado a la espera de que todo se clarifique y sepan si Bruselas no pone objeciones a los requisitos que fija la orden española.
La pelota ahora está en el tejado del Ministerio de Cultura español, que ayer anunció que en el plazo de siete a diez días remitirá la información solicitada por la Comisión Europea después de recibir una alegación de la asociación Cineastas contra la Orden, que se opone al contenido del texto.
La ministra, Ángeles González Sinde, mostró en Bruselas su disposición a hacer «todo lo necesario» para que el proceso comunitario de revisión del esquema español «no se demore mucho». «Nosotros pensamos que está acorde con la ley europea y pensamos que va a ser aprobado», insistió la ministra, que añadió que sus servicios han sido «escrupulosos» en la elaboración de la orden.
«Una orden no se elabora de manera irresponsable, se revisa durante meses», afirmó. No obstante, admitió la posibilidad de que la Comisión «pida que se modifique algún particular o cuestión de detalles», en cuyo caso el Ministerio «acatará las instrucciones para que sea perfectamente compatible».