A instancias de su presidenta, Marina Castaño, la gerencia de la Fundación Camilo José Cela, que desde hace nueve días ocupa interinamente Covadonga Rodríguez, emitió ayer un comunicado sin firma en el que denuncia «haber padecido durante estos cuatro últimos años todo tipo de carencias y dificultades», hasta el punto de que su viabilidad «ha llegado a convertirse en insostenible». ¿Cómo de imposible? ¿A cuánto asciende el déficit? La nota enviada a la prensa no revela cifra alguna, si bien La Voz pudo saber de fuentes extraoficiales que la entidad acumula ya una deuda, redondeando, de un cuarto de millón, cantidad que prácticamente equivale a la mitad de su presupuesto anual.
Sus cuentas comenzaron a dejar de cuadrar en el 2005, aunque las pérdidas tanto de aquel ejercicio (unos 10.000 euros) como de los dos siguientes no alarmaron a nadie, al contrario que las del bienio posterior, cuando unos números hasta entonces granate parduzco tornaron en rojo encarnado. Todo se torció porque durante el período 2008-2009, producto de la crisis, seis de los ocho patronos privados de la institución dejaron de cofinanciarla y, por ende, provocaron que sus ingresos globales se desplomasen, a pesar de lo cual el volumen de gastos no sufrió recortes significativos, sino que se mantuvo en niveles propios de la bonanza de antaño.
La Consellería de Cultura, en expresión de su titular, ha aceptado salir al rescate de la fundación con el ánimo de «evitar a súa extinción ou traslado fóra de Galicia, a bancarrota», pero no a toda costa. «Asumirémola, farémola pública, financiarémola, sen incrementar substancialmente as achegas que xa lle transferimos cada ano e só e cando antes quede saneada», precisó Roberto Varela.
Con ello quiso decir que su departamento no tomará el control de la entidad hasta que se cumplan tres condiciones: reducción de la plantilla, cuya composición fluctuó en el 2009 de 9 a 11 trabajadores; sustancial rebaja del presupuesto, que ronda los 550.000 euros; y suscripción de créditos que garanticen la cobertura de los costes derivados de la reciente destitución de Tomás Cavanna como gerente, así como los de despidos futuros.