Francisco Caamaño dice que parece haber irregularidades en la SGAE
03 jul 2011 . Actualizado a las 12:22 h.El presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, y otros dos directivos de esta gestora, el director general, Enrique Loras, y el director financiero, Ricardo Azcoaga, pasarán hoy a disposición judicial tras ser detenidos en la operación Saga, en la que se investiga el supuesto desvío de dinero del canon digital a sus propios bolsillos a través de un entramado de empresas que cobraban por trabajos que no realizaban.
El juez Pablo Ruz interrogará a Bautista, Loras y Azcoaga y, tras escuchar a la Fiscalía Anticorrupción y a las defensas, tendrá que decidir si adopta alguna medida cautelar, como la prisión provisional o el pago de una fianza, o los deja en libertad sin cargos. Los otros seis detenidos pasarán mañana a disposición judicial. Entre ellos, el director general de la filial digital -la Sociedad Digital de Autores y Editores (sDae)-, José Luis Rodríguez Neri, a quien los investigadores sitúan como máximo responsable de la trama.
Los nueve detenidos fueron interrogados en la tarde de ayer por la Guardia Civil en las dependencias a las que el viernes fueron trasladados, la comandancia de Tres Cantos y un cuartel de Las Rozas, en Madrid.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, pidió ayer que se respete la presunción de inocencia de los directivos detenidos, según informa Toni Silva de la Redacción de La Voz en A Coruña. No obstante, el ministro que se encontraba en la presentación de una feria en Paderne indicó que «parece que después de la investigación existen irregularidades», y solicitó que se deje trabajar a la Justicia para determinar, entre otras cosas, si «tienen alcance penal».
Caamaño defendió a la responsable de Cultura, González-Sinde, al afirmar que «el ministerio ha demostrado que cumple con su trabajo de velar por el cumplimiento de la ley». «No se debe mezclar la vida política y otros acontecimientos. Estamos ante una investigación, solo tenemos que esperar respetando la presunción de inocencia. Parece que irregularidades existen después de esta investigación, veremos si tienen alcance penal», concluyó el ministro.