No cuestiona el modelo de gestión y dice que la crisis de la SGAE es la excepción
14 jul 2011 . Actualizado a las 06:00 h.«Cultura no ha dejado de hacer nada de lo que debía hacer en relación con la SGAE». Así lo sostuvo la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, en su comparecencia a petición propia ante la comisión de Cultura del Congreso para fijar posiciones sobre el escándalo de la SGAE. La ministra reconoció que hacen falta más controles, pero se escudó en sendas sentencias del Supremo y del Constitucional de 1997 para justificar la pasividad de su departamento. Según Sinde, ambas sentencias confirman que la potestad de controlar y auditar a las sociedades de gestión de derechos corresponde a las comunidades autónomas. «Eso no quiere decir que el ministerio se lavara las manos y mirase para otro lado», dijo la ministra, que aseguró que su departamento ha revisado en los últimos años todas la auditorías de la SGAE.
Sinde señaló a Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid y exministra de Cultura, como responsable de la aprobación de la modificación estatutaria que permitió a las sociedades de gestión crear las fundaciones y empresas participadas como las utilizadas por los acusados de apropiación indebida: «Aguirre permitió en 1997 crear fundaciones y sociedades desbloqueando la reforma estatutaria de la SGAE y de aquella decisión ha venido el mal que ahora lamentamos».
Destacó la ministra que en España existen ocho entidades de gestión y que «de siete no hay sospecha». Aseguró que la trama desvelada en la SGAE «no cuestiona el modelo de la gestión de derechos. La situación denunciada en la SGAE es la excepción y no la regla en las sociedades de gestión», explicó.
La ministra propuso, con todo, una modificación parcial de la Ley de Propiedad Intelectual «que impida la creación de fundaciones y sociedades mercantiles, de modo que solo se autoricen las entidades que tengan interés manifiesto». «Habrá que hacer una nueva Ley de Propiedad Intelectual acorde con los tiempos y que tenga nueva vigencia en la era digital», dijo. También planteó «la puesta en marcha de una auditoría púbica de funcionamiento obligatorio para todas las sociedades de gestión» y el establecimiento de «un régimen sancionador expreso para las entidades que no cumplan con sus obligaciones».