Trata de corregir los errores detectados por el Consello de Contas en la revisión de facturas y justificantes de federaciones y clubes presentadas entre el 2002 y el 2005
31 jul 2009 . Actualizado a las 02:03 h.Las anomalías detectadas por el Consello de Contas en la justificación de subvenciones a las federaciones y clubes deportivos entre los años 2002 y 2005 han llevado a la Xunta a anunciar la adopción de medidas para evitarlas.
El órgano fiscalizador de la Xunta publicó un informe en el que denuncia numerosos errores producidos durante la etapa en la que Eduardo Lamas, José Ramón Lete y Santiago Domínguez ocuparon la dirección del deporte gallego. En este período se produjo también la asunción de la responsabilidad de este departamento por la Consellería de Cultura, Xuventude e Voluntariado, al frente de la cual se encontraba Pilar Rojo, actual presidenta del Parlamento Gallego.
Eduardo Lamas ocupó la dirección xeral (anteriormente secretaría xeral) hasta mayo del 2003, momento en el que lo relevó José Ramón Lete, al que hace tres meses recuperó para el puesto Alberto Núñez Feijoo. En el verano del 2005, Santiago Domínguez sustituyó al actual secretario xeral.
Justificación de pagos
El Consello de Contas encontró numerosas irregularidades en la justificación de pagos por parte de los rectores del deporte gallego a varias federaciones y clubes. Según el informe, hasta el año 2003 los organismos deportivos no tenían que presentar justificante alguno para cobrar las ayudas, mientras que posteriormente a ese año sí que era obligatorio, aunque en muchos casos llegaba con un recibí, que el órgano fiscalizador considera absolutamente inadecuado.
Una vez denunciada esta situación, la Xunta ha anunciado que la Secretaría Xeral para o Deporte regulará las auditorías de las federaciones deportivas a través de una resolución y aprobará también unas normas de «buen gobierno» para estas entidades. Estas auditorías se completarán con la obligación de presentar una carta de recomendaciones del responsable del informe económico, en el que establecerá las medidas necesarias para corregir las deficiencias que haya detectado en este análisis, según informó la Xunta en un comunicado.
Las normas de «buen gobierno» serán «recomendaciones» sin carácter obligatorio, pero se precisa que «su grado de cumplimiento será un importante baremo» a la hora de concretar el importe de las subvenciones que la Administración gallega concede a estas federaciones.
José Ramón Lete
Para Lete, el problema es administrativo, ya que entiende que «el volumen de documentación que hay que analizar en un período de tiempo muy corto es enorme y solo se puede hacer con un muestreo», algo que apoya en que «los mismos fallos les han sucedido a tres directores diferentes». Pese a todo, promete «mayor vigilancia para combatir estos errores», tal y como asegura que trató de hacer en su anterior mandato, cuando creó «el sistema de auditorías, del que nunca más habido medidas correctoras» por parte de sus sucesores.