Admitida la querella por malversación de fondos en la ampliación de capital
08 mar 2013 . Actualizado a las 18:36 h.El juzgado de instrucción número 3 de Valencia admitió a trámite una querella contra Manuel Llorente, presidente del Valencia, y Társilo Piles (Fundación del Valencia), Javier Gómez (ex-vicepresidente y responsable del área económica del Valencia) y José Luis Olivas (Bancaja), a los que acusa de delitos de estafa, falsedad, malversación de caudales públicos, delito societario y maquinación para alterar el precio de las cosas en la última ampliación de capital del club, en el año 2009, según ha publicado el diario Las Provincias.
Según la información de Las Provincias, «la querella persigue demostrar que tras la ampliación de capital social de 92 millones de euros se burló la confianza de los accionistas al no democratizar el club, dándole las acciones a la Fundación, en contra de lo que se había argumentado ante los mismos accionistas para su aprobación». Los denunciantes creen que Manuel Llorente colaboró de forma activa con el resto de imputados para realizar la ampliación de capital a su antojo. El movimiento permitió que el club recuperara la mayoría accionarial gracias a la ampliación y con una inyección de 92 millones de euros que aparecieron en gran medida de un préstamo de Bancaja a la Fundación Valencia, actual propietaria de la entidad. Según la denuncia, la Fundación no podía hacer frente al préstamo y, por lo que se alteró la realidad «con datos irreales.
El grupo que encabeza Sanchis se ampara en que la entidad financiera no exigió «la garantía personal o aval» de los patronos y entiende por todo ello que el objetivo era generar un escenario que permitiera a los querellados «imponer sus criterios en claro beneficio propio». Aparecen en el documento el finiquito de Javier Gómez «por desligarse voluntariamente del Valencia», el sueldo de Llorente («tres veces más que el percibe el presidente de EE. UU.»), o la venta de Villa. También recuerda que un ejecutivo creó una empresa que gestiona gran parte de las operaciones comerciales del Valencia.
Los imputados deberán prestar declaración el próximo 22 de abril.