Este domingo, el Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), se reúne en París. Y no será una reunión más, como no lo es ninguna desde que el abogado canadiense Richard McLaren hacía públicas las conclusiones de las investigaciones sobre Rusia que la propia AMA le había encargado.
McLaren sacaba a la luz unos días antes de la inauguración de los JJOO Río 2016 el sistema de dopaje dirigido por las instituciones rusas utilizado tanto en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012 por la delegación rusa y en especial, en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno celebrados en Sochi 2014 (Rusia), descrito con brillantez en el documental Ícaro del director norteamericano Bryan Fogel.
Actualmente, la agencia antidopaje rusa (RUSADA) está autorizada a realizar controles de dopaje bajo supervisión internacional, después de un periodo en el que no estaba autorizada a desarrollar ninguna actividad antidopaje. Además, Rusia está suspendida por la federación internacional de atletismo (IAAF) que solo permite a los atletas rusos que cumplen unas estrictas condiciones a participar en eventos internacionales bajo bandera neutral, una forma de proceder que fue adoptada también por el Comité Paralímpico Internacional (CPI) y en ambos casos, refrendada por el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) de Suiza.
Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional (COI) adoptó otra forma de proceder. A pesar de la recomendación del Comité Ejecutivo de la AMA de que Rusia no participase en Río 2016, el COI decidió traspasar la responsabilidad a las federaciones internacionales para que en lugar de analizar la responsabilidad colectiva derivada del informe McLaren, analizasen la responsabilidad individual de cada uno de los deportistas supuestamente afectados. El resultado fue que la inmensa mayoría de los deportistas rusos compitieron bajo bandera rusa, y que, de un total de 96 decisiones disciplinarias adoptadas, 95 fueran absolutorias.
Una estadística sorprendente cuando se tiene en cuenta que las propias autoridades rusas han reconocido la existencia de dopaje en el deporte ruso, así como la mayor parte de los resultados de las investigaciones desarrolladas hasta la fecha, a excepción de que el dopaje respondiese a una estructura dirigida desde las más altas instancias del Estado ruso.
Y es esto último, el reconocimiento de la existencia de un sistema de dopaje dirigido desde el propio aparato del Estado, el primer punto de la Hoja de Ruta de la AMA para el restablecimiento de Rusia. La reacción rusa era esperable. El Viceprimer Ministro ruso y Ministro de Deportes durante el escándalo, Vitaly Mutko afirmaba que casi todos los puntos de la Hoja de Ruta de la AMA estaban ya resueltos. Vitaly Smirnov, presidente de la comisión de investigación creada por Rusia, miembro honorario del COI y ministro de deportes en la Unión Soviética, afirmaba que Rusia nunca aceptaría la existencia de un dopaje de Estado en el deporte ruso.
Por su parte, el COI creó dos comisiones distintas, la Comisión Oswald y la Comisión Schmid, a raíz del informe McLaren y cuyas conclusiones se esperan para el próximo mes de octubre. Una forma de proceder completamente distinta a la de la IAAF o el CPI que aceptaban las conclusiones de McLaren.
Pero con independencia de los informes de estas dos comisiones, el COI ya ha avanzado de alguna forma cuál será su forma de proceder. En su reunión de los días ya se han introducido modificaciones en la Carta Olímpica para poder sancionar a los comités miembros con multas en lugar de con la suspensión de la participación en eventos deportivos, como sería el caso de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 en los que Rusia es una de las principales potencias, al mismo tiempo que los juegos de invierno anteriores fueron el epicentro del mayor escándalo del dopaje de la historia del deporte.
Algunas de las principales organizaciones nacionales antidopaje del mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania o Japón, se reunieron la pasada semana en Denver para discutir la actual situación. Su cuarta reunión desde la decisión del COI de permitir la participación de Rusia en Río 2016.
Sus conclusiones parecen obvias. Si se sancionan deportistas con 4 años por consumo de sustancias, ¿no debe sancionarse a Rusia sin participar en los principales eventos deportivos? ¿Con una multa se compensan años de trampas? ¿Es suficiente la corrección de aspectos técnicos en el programa antidopaje ruso cuando Rusia cumplía antes del escándalo todos los estándares internacionales? ¿Por qué las soluciones válidas para el CPI o la IAAF no son válidas para el COI? ¿Por qué la AMA no apoya las recomendaciones que había hecho antes de Río?
Este posicionamiento de las organizaciones responsables del desarrollo de los programas antidopaje en sus propios países parece lógico y parece hecho por aquellos que tienen una importante responsabilidad en la protección de la integridad del deporte, no sólo a nivel nacional, sino de exigir que los demás también lo hagan en sus respectivos territorios, para que los deportistas compitan en igualdad de condiciones. Sin embargo, el presidente de la AMA y miembro del COI Craig Reedie, opinaba en sentido contrario: «Esta declaración no se corresponde con la política de la AMA» y añadía que «es un retroceso en lugar de un avance».
Dar una solución a Rusia es una prioridad. Pero las soluciones deben ser de la misma entidad que los problemas que pretenden resolver. Si hay una culpa, hay una responsabilidad. El antidopaje no puede ser para sancionar solo a los deportistas. El antidopaje debe proteger el deporte de aquellos que utilizan su trascendencia como forma de ejercer un poder político y económico en beneficio propio.
Enrique Gómez Bastida es el exdirector de la Agencia Española Antidopaje (Aepsad).