La jueza prorroga el secreto de la causa y pide a la federación que facilite la relación de árbitros de Primera y Segunda División entre el 2010 y la actualidad
27 jun 2023 . Actualizado a las 14:38 h.La jueza que instruye el caso Negreira rechazó este martes la petición del Barcelona de ser acusación particular en la causa. El juzgado de instrucción número 1 de Barcelona investiga los pagos millonarios (7,3 millones) que el club azulgrana hizo durante casi dos décadas al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.
La causa investiga «actuaciones» para favorecer al Barcelona «en la toma de decisiones de los árbitros» y está abierta tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía por un delito continuado de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, delito continuado de administración desleal y delito de falsedad en documento mercantil. El club sigue confiando en poder disputar la próxima Champions League, pues la UEFA no ha tomado aún una decisión definitiva, a pesar de que los dos inspectores del organismo federativo europeo se inclinaran por la sanción.
La denuncia por el escándalo que salpica de lleno al Barcelona se presentó contra Sandro Rosell, contra Josep Maria Bartomeu, contra el Barcelona, contra Enríquez Negreira y contra los exdirectivos Óscar Grau y Albert Soler y la empresa de Negreira DASNIL 95 SL. La Liga se personó como acusación particular. El Real Madrid, también, pues consideró que pudo ser perjudicado si el Barcelona fue favorecido en la toma de decisiones de los árbitros y, por ende, en los resultados de la competición. La justicia admitió al club blanco como acusación, pero no al Barcelona, que solicitaba una doble condición: la de acusador y acusado.
La entidad azulgrana se siente perjudicada por la presunta comisión de un delito de administración desleal por los anteriores rectores del equipo. Su argumento es que el patrimonio del club presuntamente se habría venido administrando indebidamente, causando, en consecuencia, un perjuicio al mismo. Con independencia de la existencia de una prestación real y efectiva de un servicio de asesoramiento técnico arbitral, este servicio habría venido facturándose doblemente, formalizándose, además, uno de dichos canales de facturación a través de mercantiles interpuestas que recibían una comisión, según se defiende en el Barça, que cree que el caso sitúa al club como sujeto pasivo del delito y es necesario que ostente la doble condición de investigado y acusación particular.
Para la jueza instructora, la pretensión del club azulgrana de personarse en su condición de perjudicado es «contradictoria». La magistrada se apoya en una comparecencia pública realizada por el actual presidente, Joan Laporta. Afirmó que los servicios de asesoramiento fueron efectivamente prestados, que se documentaron en facturas detalladas con los correspondientes conceptos y fueron pagados mediante transferencias bancarias, constando los pagos en la contabilidad del club, explicando las conclusiones preliminares del informe de compliance, «del que no se desprende la existencia de daño patrimonial alguno para la entidad», según recuerda la jueza.
La jueza, a petición de la Liga, amplió recientemente la lista de investigados a Javier Enríquez, quien formó parte del entramado empresarial que ideó su padre, José María Enríquez Negreira, para cobrar 7,3 millones del Barça durante 18 años, mientras era el número dos de los árbitros. En el auto que imputó a Javier Negreira, la jueza amplió los delitos atribuidos y sumó un supuesto blanqueo de capitales. La magistrada amplió el período de investigación por el delito de blanqueo de capitales desde el 2001 hasta el momento actual.
La causa investiga «actuaciones» para favorecer al Barcelona «en la toma de decisiones de los árbitros». «Los hechos investigados indiciariamente se refieren a determinadas actuaciones de personas vinculadas al Barcelona tendentes a favorecer al club en la toma de decisiones de los árbitros y en los resultados de la competición», según la resolución judicial.
La jueza, además, ha decidido prorrogar un mes el secreto de las actuaciones de la causa. Está a la espera de recibir documentación del Barcelona, de la Federación, de la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social y de empresas remesadoras de fondos. De la entidad blaugrana, ha requerido los originales de los 629 informes, los 43 CDS y los otros cuatro informes a los que se refirió Laporta en su comparecencia pública del 17 de abril, en su primera y única rueda de prensa para dar cuenta de la situación del club.
La justicia pide la identificación de las personas que han compuesto la estructura ejecutiva del Barcelona, la de los vicepresidentes deportivos y otros máximos responsables deportivos del club, así como de la secretaría técnica o deportiva, además de directores generales, CEOs, directores financieros, así como cualquier otro cargo, independientemente de la denominación, con capacidad para ejecutar las decisiones estratégicas adoptadas por los órganos colegiados del club y los responsables económicos de la entidad con capacidad para adoptar decisiones de relevancia económica y financiera.
Asimismo, debe aportar cuantos informes hayan sido emitidos y se especificarán las personas responsables de los mismos para el período comprendido entre el 2001 y la actualidad tanto del órgano de compliance como del comité ético o asesor en caso de que lo hubiere.
A la Federación Española de Fútbol, la justicia le reclama que facilite la relación de árbitros de Primera y Segunda División entre el 2010 y la actualidad. Y a la Agencia Tributaria, que adjunte la declaración de operaciones con terceros de los Enríquez, padre e hijo, así como la identificación de sus productos financieros, saldos de dichos productos de los que hubieran sido o sean actualmente tanto titulares como apoderados.