La jueza de la causa pone el foco en la comisión de cuatro millones de euros anuales a nombre de Kosmos, la empresa del exfutbolista
30 may 2024 . Actualizado a las 19:27 h.El exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué, ha sido imputado por la jueza del caso Supercopa para investigar su implicación en la trama de corrupción en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que rodea a la adjudicación de la Supercopa de España, según informó este jueves El Confidencial.
La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda aprecia «indicios de delito en la comisión de 4 millones de euros al año» que el exjugador pactó con la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí.
La resolución, según indica el medio, también atribuye la condición de investigados a la mercantil Gruconsa, al abogado Tomás González Cueto, a Luis Rubiales y a Nene, entre otros altos cargos de la institución que habrían participado en el «amaño de contratos y convenios y en la posterior ocultación de fondos de origen ilícito».
En relación al exfutbolista catalán, la instructora del caso recuerda que Piqué, Rubiales y Arabia Saudí firmaron un añadido al contrato inicial, que extendía hasta un total de 10 años la celebración de este torneo en el país y que aseguró una comisión de cuatro millones de euros para el antiguo central azulgrana por cada uno de esos cursos.
«Se incluyó una cláusula, que se denominó esencial, por la que la RFEF trataba de garantizar el pago de la comisión de 4.000.000 euros anuales a favor de Kosmos, aun cuando esta empresa formalmente sería la comisionista de la empresa saudí Sela», señaló la jueza del caso.
Es relevante para la magistrada que, en el momento de la firma del acuerdo, Gerard Piqué era jugador en activo del Barcelona (equipo que formaba parte de dicha edición de la Supercopa), motivo por el que se observa un posible conflicto de intereses, si bien no son el objeto de la investigación.
La jueza Delia Rodrigo recordó en su auto, según señala El Confidencial, que en el presente procedimiento se investiga la presunta comisión de un delito de corrupción en los negocios y administración desleal «sin descartar la posibilidad de otros delitos, particularmente, el delito de blanqueo de capitales».