La Audiencia Nacional fijó un plazo al Estado para responder al recurso judicial lalinense sobre la AP-53
DEZA
El recurso contencioso administrativo interpuesto por el Concello de Lalín ante la Audiencia Nacional en noviembre del año 2004 por el cobro de kilómetros en el peaje de la AP-53 que los usuarios no recorren avanzó un nuevo paso en semanas pasadas. Según fuentes municipales, la Sección 8 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional dio traslado al abogado del Estado de la demanda, fijándole un plazo de veinte días para contestar, y aportar la documentación en que basa su argumentación. También se le requiere por parte de la audiencia que se manifieste sobre la cuantía del recurso, que desde el Concello lalinense se había señalado como «indeterminada», sin fijar cantidad alguna. El Concello lalinense aguarda a conocer la respuesta de la abogacía del Estado, en una demanda que comenzó a gestarse hace tres años. El 9 de julio del 2003, el Concello se había dirigido al Ministerio de Fomento para solicitar que no se aplicase la base cuarta del pliego de cláusulas administrativas que rigió en la adjudicación de la autopista: es el punto que hace referencia a que el peaje troncal situado a la salida de Silleda se considera ubicado, a efectos prácticos, en Dozón, gravando los trayectos con destino y origen en Lalín. El ayuntamiento demandaba su inaplicación al considerarlo contrario a derecho. Transcurrido el plazo sin que Fomento dictase resolución, ante la desestimación presunta de la solicitud, se planteó demanda en la Audiencia Nacional, fechada el 25 de noviembre del 2004. La Sección 8 de la Sala de lo Contencioso había dictado ya providencia, el 18 de abril del 2005, requiriendo al ministerio de Fomento el envío en un plazo de diez días del expediente administrativo sobre la autopista AP-53, tras haber superado el anterior plazo de remisión, advirtiendo en caso contrario de la posible imposición de sanciones económicas. La propia sala ha dado traslado ahora al abogado del Estado de la demanda del Concello lalinense, fijándole un plazo de veinte días para su contestación. Desde el gobierno municipal lalinense se entiende que no es equitativo que los usuarios de la vía de peaje paguen por unos kilómetros que, en muchos casos, no llegan a recorrer; entienden que es un caso análogo al pago fraccionado en párkings.