La familia propietaria de los terrenos donde se levanta el edificio tomó la decisión tras doce años de incumplimientos y soluciones desde el Concello
06 nov 2022 . Actualizado a las 05:00 h.El vaso de la paciencia de la familia Granja Negro parece haberse desbordado después de doce años de una batalla contra las Administraciones donde solo hubo buenas palabras en algunas ocasiones, pero sobre todo silencio. Como el que se produjo tras tramitar ante el Concello de Lalín la comunicación previa en materia de urbanismo para instalar un cierre en la finca donde se levantó e inauguró en abril del 2012 el local social de Filgueira. Una medida para preservar lo que es suyo, para reivindicar que desde el gobierno local muevan ficha después de doce años cumplidos el pasado septiembre, cuando de buena fe la familia afectada cedía los terrenos para levantar el edificio, pero aún siguen sin materializarse la venta y deben abonar religiosamente cada año tributos como el IBI por un inmueble que no es suyo.
Ese largo proceso de reuniones, de escritos sin respuesta, la familia Granja Negro reactivó el proceso en busca de una solución este pasado verano. Por ejemplo una comunicación remitida el 29 de julio donde demandaban que se inicie el expediente necesario para reponer la legalidad del local social de Filgueira, porque además de que se construyese sin el proceso de compra cerrado y por la buena voluntad de los propietarios, se levantó en suelo destinado a espacio libre en lugar del fijado para equipamientos. En este viacrucis hubo una parada más reciente, tras una nueva llamada al Concello. El pasado 4 de octubre representantes de la familia mantenían un nuevo encuentro con el arquitecto municipal para explicar la situación, recibiendo como respuesta que se abría un expediente en busca de una solución.
Como todo parece seguir en el limbo legal y político se solicitó, con registro de entrada en el Concello el día 11 de octubre, la solicitud para instalar un cierre mediante postes de madera de castaño de la propia finca y malla ganadera en la parte frontal de la finca donde se asienta el local social, en un tramo de unos 62 metros longitudinales. Fijaban una duración de los trabajos de treinta días, con quince desde la comunicación para su inicio, sin que hubiese respuesta municipal, por lo que se llevó a cabo el vallado con un coste estimado de 2.000 euros, un nuevo esfuerzo económico que sumar para los propietarios.
Abono de otro recibo del IBI
A ese desembolso se sumaba esta misma semana, ya que concluía el plazo fijado para su abono, el correspondiente al recibo del IBI de urbana por el edificio de Filgueira, que supuso 517 euros. Uno más de los muchos que llevan abonados desde que comenzó este culebrón urbanístico sin sentido y que ya les supuso a la familia Granja Negro muchos miles de euros por ese error de la titular, ya que pese a no ser suyo ese edificio, en Catastro figura a su nombre. Este organismo no aceptó en ningún momento que solo eran dueños del terreno y no del inmueble.
«Isto parece a Rusia de Putin e levamos doce anos para que paguen os terreos, como estaba acordado, e as facturas, pero todo segue igual e parece que non lles importa que o local social termine derrubado», apuntaba la portavoz familiar. Tras esta larga odisea no atisba una solución pactada, ante la falta de empatía municipal para negociar, y cree que terminará actuando la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU).
Reposición de un tramo de la malla tras ser cortada y suspensión de actividades
La portavoz de la familia Granja Negro también desveló que una vez colocada la alambrada hubo un intento de abrirla para facilitar el paso hasta el local social de Filgueira. Según aseguró, se acercó hasta allí un vehículo de mantenimiento del Concello y otro con un concejal para cortar la malla. «Abriron un tramo de nove metros pero o repuxemos de novo», indica. Porque están preocupados de que pueda producirse cualquier incidente dentro del edificio y tener ellos la responsabilidad como sus titulares.
La decisión de vallar el acceso supuso, según la familia, que se tuviese que paralizar la actividad en el local social, como las clases de gimnasia en el rural. La Asociación de Mulleres de Filgueira ya tuvo que renunciar a un curso concedido por la Diputación al no estar recepcionado el final de obra del inmueble, por lo que se denegaba la posibilidad de impartir formación en técnicas de patchwork cuyo inicio estaba previsto el pasado septiembre.
Este berenjenal urbanístico surgido en el 2010 tras aceptar un convenio para la cesión de 419 metros cuadrados al Concello para levantar el local social, en espera de cobrar los terrenos cuando se materializase la cuarta fase del polígono industrial Lalín 2000, proyecto todavía en el aire. El gobierno local buscaba con ese paso intermedio evitar la pérdida de una subvención del PAM por parte de la Diputación. Pero se ha convertido en un bumerán que pone en el foco al Concello ante su inacción frente a la desesperación de esta familia.