Compraron los derechos para explotar una gasolinera y no pagaron ni un euro
16 jun 2024 . Actualizado a las 05:00 h.La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará el próximo martes a dos estradenses acusadas de un delito de estafa. Las mujeres compraron los derechos de explotación de una gasolinera de Ferrol por más de un millón de euros pese a no tener solvencia económica para ello y no llegaron a pagarle ni un euro a la familia propietaria de la estación de servicio, que también es estradense.
Las dos imputadas tienen antecedentes por otros delitos cometidos en relación con el sector de los combustibles. En septiembre del año 2016 fueron condenadas por la Audiencia Provincial de Pontevedra a dos años de prisión y en julio del 2023 el mismo tribunal condenó a una de ellas a tres años y medio de cárcel por realizar ventas de combustible ficticias.
En el caso que se juzgará la próxima semana, el fiscal pide cinco años de prisión para las estradenses y la acusación particular, a cargo del abogado penalista Alejandro Seoane Pedreira, cinco años y tres meses.
El letrado subraya la complejidad de la instrucción de este caso, algo habitual en los procesos con negocios criminalizados porque «aparentemente todo es legal» y es necesario un arduo trabajo para preparar las pruebas para intentar demostrar ante el juez la estafa.
La gasolinera que fue objeto de la presunta estafa y que ahora se encuentra en situación de abandono está situada en terreno público en As Pías (Ferrol) y su gestión le corresponde a la Autoridad Portuaria. La concesión había sido adjudicada en el 2011 a una familia estradense —un matrimonio y sus dos hijos— que constituyó una sociedad mercantil y explotó el servicio durante un tiempo. La sociedad le pagaba a Portos un doble canon en función de los litros de combustible vendidos y de la ocupación del terreno. Todo fue bien hasta que al cabo de dos años y medio la familia tuvo que dejar la actividad por una enfermedad grave de la mujer. Tenían dos opciones: vender la concesión —algo más lento, ya que se necesitaba la autorización de la Autoridad Portuaria— o vender las participaciones de la empresa concesionaria. Eligieron la última opción. Fue entonces cuando conocieron a las acusadas, que tenían una empresa llamada Arriengal 19 SL y estaban interesadas en la compra. Una tenía el 80% y la otra el 20%, pero según el escrito de la Fiscalía, en el momento de la compra Arriengal 19 era insolvente. Las compradoras solicitaron acceder a las cuentas del negocio para ver que todo estaba en orden y confirmar que estaba libre de deudas, según explica el abogado, que añade que por esta razón los dueños nombraron a las dos estradenses administradoras dos meses antes de formalizar la compraventa.
Venta por un millón de euros
Finalmente, la familia acordó con las dos compradoras estradenses un precio de venta de la concesión de 1.010.600 euros y, como era una cantidad elevada, pactaron un pago aplazado. En primer lugar, tres pagarés con vencimiento a un mes por un importe de 400.000 euros. Después, el resto de las cantidades hasta alcanzar el precio acordado se pagarían en 86 mensualidades de 7.100 euros. Este dinero se iba a repartir entre cada miembro de la familia en función del porcentaje que cada uno tenía en la empresa. Pero la familia no llegó a ver ni un euro a pesar de que la estación de servicio estuvo operativa con estas gestoras algo más de un año. Llegado el momento de cobrar los pagarés, estos fueron devueltos. La familia nunca recibió ningún ingreso. Como garantía del pago de los pagarés y de las mensualidades se habían formalizado seis hipotecas.
La familia denunciante, viendo que las compradoras ni pagaban ni daban señales de vida, vio como única solución ejecutar una de las hipotecas para hacer frente a los pagos al Puerto que aún estaban pendientes (117.000 euros). Solo así, la concesión pudo sacarse a subasta extrajudicial y se llegó en febrero del 2021 a acuerdo con otra empresa que le quitó las cargas del resto de las hipotecas, pero la familia estradense se quedó sin negocio y sin dinero. Tuvo que hipotecar incluso su vivienda y aun sigue pendiente de algunas deudas hacia la empresa que se hizo con la estación de servicio y que, con el tiempo, volvió a quebrar.