Piden 14 años de inhabilitación para Luis Calvo por falsedad documental y prevaricación
AGOLADA
El alcalde de Agolada será juzgado en la Audiencia por el caso Farelo
24 dic 2023 . Actualizado a las 05:00 h.El fiscal pide para Luis Calvo, alcalde de Agolada, un total de 14 años y nueve meses de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público por presuntos delitos de prevaricación y falsedad en el documento oficial por el precintado de la empresa Lácteos Farelo en el 2019, así como una pena de tres años y nueve meses de prisión por este último presunto, junto con el pago de una multa de 12 meses con una cuota diaria de 15 euros. Se demandan 11 años de inhabilitación por prevaricación y 3 años y 9 meses por el de falsedad documental. El regidor será juzgado de la Audiencia de Pontevedra.
En su escrito de acusación, el fiscal señala que el alcalde de Agolada dictó el 19 de noviembre de 2019 un decreto ordenando la paralización de las obras de ampliación de las instalaciones de una depuradora de Lácteos Farelo y que elaboró un informe el 20 de enero del 2020 «con el propósito de alterar la realidad y dotarla de apariencia de autenticidad» en el que hacía constar que la comisión de gobierno había ordenado precintar la depuradora. Refiere que «dicho órgano no existía en esa fecha» y no hubo ninguna reunión en la que se aprobara la medida.
Acusa al alcalde de tomar la decisión «prescindiendo absolutamente de todo trámite procedimental y con intención deliberada y plena conciencia de su ilegalidad». Ese mismo día, añade, Calvo remitió una comunicación firmada por él desde el correo electrónico de la alcaldía a Lácteos Farelo, «sin la necesaria intervención del secretario interventor y siendo plenamente consciente de que el correo electrónico no constituía un medio válido de notificación». El informe de secretaría del 22 de enero del 2020 aseveraba que la competencia para adoptar el precintado como medida cautelar correspondía a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística.
La defensa de Lácteos Farelo, que ostenta Evaristo Nogueira Pol, pide una indemnización de 300.000 euros por daños y perjuicios y eleva la petición a cinco años de prisión y una multa 20 meses a 20 euros diarios por el presunto delito de falsedad documental y 5 años de inhabilitación y 10 años de inhabilitación por el de prevaricación. El Juzgado 2 de Lalín requirió a Calvo una fianza de 350.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran ser impuestas y exime al Concello de responsabilidad en el asunto.
PP y BNG exigen la dimisión del regidor por el cierre ilegal y fraudulento de la empresa láctea
El PP y el BNG de Agolada salen al paso de las acusaciones de la Fiscalía y coincidían en pedir la dimisión inmediata del regidor. La portavoz popular, Carmen Seijas, indica que va a respetar la presunción de inocencia pero que «ante a gravidade dos feitos non é de recibo que Luis Calvo siga un minuto máis ao fronte dun Concello» e insta al resto de ediles del PAYJ «a deixar de ser cómplices desta situación e tomar as rendas».
Dejan caer que igual Luis Calvo «xa vía vir isto» y por eso se subió el sueldo. El PP anuncia la petición de un pleno extraordinario para que «dé explicacións e nos conte de primeira man que está pasando» y ofrece al BNG la posibilidad de que la petición sea conjunta. Seijas califica de muy graves las acusaciones de la Fiscalía y alega que la situación «deixa polo chan a imaxe do Concello». Incide en el hecho de que las acusaciones se deriven de «unha actuación contra unha empresa que dá emprego a outros moitos veciños».
Advierte de que las acciones del alcalde «non se quedan aquí, hai licencias de dubidosa legalidade e mesmo coacciona a veciños sobre a posibilidade de que o Concello lle tire granxas ou peches. Crese con ese poder, e agora dirá que o problema e a xustiza» y se alegra de que la justicia exima al Concello de responsabilidad en el caso.
El BNG considera que a Calvo «o cargo vaille grande e xa está tardando en presentar a súa dimisión». Para los nacionalistas «ten mérito que fixera un partido denominado Anticorrupción y Justicia e que sexa o primeiro alcalde que previsiblemente vaia ser inhabilitado na comarca por tomarse a xustiza pola man». Con «todas as cautelas porque o proceso aínda non rematou», el BNG opina que las acusaciones son suficientemente graves como para que Calvo se aparte de la política. Esperan que no se demore en el tiempo el proceso y que en el caso de que se impongan sanciones, sean pagadas por el propio regidor por acciones con las que creen que quiso demostrar que «en Agolada manda el».