La Guardia Civil apunta delitos de estafa y falsedad en documento público relacionado con fraude en las subvenciones de cursos de formación
26 ago 2015 . Actualizado a las 00:53 h.La operación Qatedra, que llevan a cabo Policía Judicial de Lalín y Agencia Tributaria con la coordinación del juzgado nº 1 lalinense sobre un presunto fraude en cursos subvencionados por la Xunta, avanzó ayer con la detención de los dos socios de la empresa Prosem y la esposa de uno de ellos, a su vez trabajadora en la firma. La detención se efectuó ayer en el cuartel de la Guardia Civil de Lalín, donde fueron llamados a declarar: se acogieron a su derecho a no hacerlo, y adelantaron que únicamente prestarán declaración cuando sean citados por el juzgado. Carlos L. A., José Antonio L. A. y la esposa de este último, Sira C. N., fueron puestos en libertad con cargos de falsedad documental y fraude vinculado a la gestión de subvenciones públicas tras su paso por el cuartel. Todos ellos se han comprometido a comparecer ante el juzgado de Lalín cuando sea requerida su presencia, y su letrado se personará en el caso para solicitar copia de toda la documentación y conocer en detalle los hechos que se les imputan.
La detención llegó tras el registro efectuado por la Policía Judicial en la sede central de Prosem el lunes. Un registro en el que fueron incautados doce ordenadores, discos duros, un servidor y numerosa documentación que está siendo analizada: en torno a una treintena de archivadores que recogían desde contratos de los últimos años a aspectos de contabilidad y de actividades de formación de la empresa.
La investigación de la operación Qatedra comenzó el pasado mes de marzo, tras una inspección de la Agencia Tributaria que alertó de posibles irregularidades en cursos subvencionados por la Xunta, dando traslado a la Fiscalía, que pasó el caso al juzgado lalinense que lo investiga junto con la Policía Judicial.
En las pesquisas realizadas se ha podido confirmar la presunta responsabilidad penal que tendrían numerosas empresas de todo tipo de sectores de las cuatro provincias gallegas, que serían las beneficiarias del fraude de las subvenciones. Al parecer, en la gran mayoría de actividades formativas Prosem trabajaba como subcontratada por otras empresas, encargándose de impartir los cursos para los que aquellas solicitaban formalmente las ayudas; unos cursos que se investiga si no llegaban realmente a celebrarse, repartiéndose las subvenciones entre la firma lalinense y las empresas y entidades que demandaban los cursos.
Los tres detenidos ayer estarían siendo investigados como responsables jurídicos en un delito de falsedad en documento mercantil y fraude en relación con esos cursos de formación subvencionados, que se realizaban en connivencia con empresas gallegas, y es posible que también fuera de la comunidad. La investigación continúa abierta, y se esperan nuevas detenciones.
La empresa investigada se hizo en julio con cursos de la Xunta por 92.000 euros
Aunque desde Traballo señalan que Prosem no tiene ningún curso de adjudicación directa del departamento en marcha, apuntan que la firma se hizo en concurso público en julio con tres lotes que incluyen 45 acciones formativas del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral, por valor de 92.000 euros. Este mes deben entregar la planificación y comenzar los cursos en septiembre. Desde la consellería señalan que no pueden marginar a una empresa por ser investigada, mientras no exista una sentencia. En esa línea, la conselleira Beatriz Mato indicaba en A Coruña que «a consellería non é xuíz de nada. Son eles [los jueces] os que teñen realmente que habilitar ou inhabilitar a calquera entidade ou persoa que cometa ou supostamente poida cometer un delito. Polo tanto a administración ten que seguir os seus procedementos e evidentemente a Xunta de Galicia o que fai é ter a seguridade, o rigor e a dilixencia de que o diñeiro público de toda a administración está empregándose axeitadamente. Non somos nós os que temos que xulgar as empresas, son os xulgados. Dende logo a Xunta seguirá traballando con todo aquel que gañe os concursos», dijo en relación a Prosem.
Traballo remitió a la Fiscalía, y hace días al juzgado de Lalín, toda la documentación sobre Prosem, al igual que toda la Xunta. Destacan los crecientes mecanismos de control en cursos de formación: el año pasado, con la huella digital y la obligatoriedad de entregar cuentas auditadas, al tiempo que se acotó mucho que las empresas adjudicatarias subcontraten a otras la formación.