De este total, 27 de ellas están en Lalín, la mayoría en residencias
23 abr 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Creada en el año 1996, la Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas (Funga), adscrita a la Consellería de Política Social, da cumplimiento a la función tutelar por parte de la Administración pública, siempre, explica el gerente de la Fungas, como un recurso subsidiario, cuando hay una persona que necesita unas medidas de apoyo que, una vez pasado por un proceso judicial, no se encuentra a ningún familiar o allegado que sea el más idóneo para poder prestarse ese apoyo y como último recurso está la Administración pública. Empezó como fundación de tutela pero la nueva ley del año 2021 eliminó ya la palabra tutela para adultos y para los mayores existe la provisión de unas medidas de apoyo.
En estos momentos en los concellos de las dos comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes son 44 las personas adultas que se encuentran en esa situación y que, en cierta medida aunque la palabra haya cambiado, están tuteladas de algún modo por la Administración. De estas, la inmensa mayoría, un total de 27 residen en Lalín. A estas se añaden 8 en Forcarei, 4 en Silleda, 3 en A Estrada, una en Vila de Cruces y otra en Agolada. No hay ninguna registrada en los municipios de Dozón, Rodeiro y Cerdedo-Cotobade. La mayoría se encuentran en residencias, muchos de ellos en las de Lalín. Residen en la zona aunque gran parte proceden de otras partes de Galicia.
«En el 90 % de los casos son familiares los que acuden a la Fiscalía y en algunos son los Servizos Sociais»
El gerente de la Funga, Juan José Couce, explica que con el cambio de ley «nadie es incapaz, pero sí que se considera, después de un proceso judicial, que hay personas que necesitan una serie de medidas de apoyo muy concretas». Un apoyo que presta la fundación atendiendo a diferentes figuras jurídicas como puede ser la administración de bienes, la curatela o la defensa judicial. En esta última, el apoyo se limita a asistir a esas personas en el proceso judicial de revisión de las medidas que se hace cada tres años.
Hay personas que en su día fueron incapacitadas y aún tienen pendiente, tras la nueva ley, la revisión de las mismas. Antes la tutela, apunta, «era una representatividad total de la persona» y ahora las circunstancias de cada persona son las que determinan sus necesidades y las medidas adoptadas por los juzgados que se encarga de cumplir la Administración. Van desde el control de la medicación o las visitas médicas, a una administración patrimonial o de control de dinero, entre otras. La tendencia desde la creación de la fundación, explica su gerente, fue siempre al alza, aunque el crecimiento se ralentizó en los años 2020 y 2021 «pero estamos en unos márgenes elevados» y cifra algún año en más de 3.600 casos y hoy activos en Galicia, son 3.157.
Couce explica que la casuística de las personas que reciben esos apoyos es muy variada y el 60 % se encuentra institucionalizada en residencias con contactos y controles de la fundación, al igual que seguimientos a los que están en sus domicilios. En los que están en sus casas, apunta, «la mayor parte cuentan con una amplia red de apoyo vecinal y familiar».
Existen, apunta Couce, personas que están en sus casas y a las que solo tenemos que hacerle un seguimiento médico. Las circunstancias, indica, son muy variadas entre ellas se encuentran personas con deterioro cognitivo, Alzheimer y deterioros por la edad pero también hay personas jóvenes y de mediana edad con adicciones o enfermedades mentales. En todos los casos las medidas las dicta el juzgado «en más del 90% de los casos son familiares los que acuden a la Fiscalía para promover estas medidas, pero en algunos son los Servicios Sociales los que detectan una situación y actúan».
Personas mayores con numerosos problemas cognitivos y enfermos mentales
En Lalín, la mayoría de las personas que supervisa la Funga están en residencias. El grueso, más de 15, se encuentran en la Domusvi y dos de ellas en la de As Dores. En este último caso se trata de una persona de Pontevedra y otra de A Coruña. En la Domusvi, también la mayor parte son de otros puntos de Galicia y de fuera de la comarca y solo una o dos son de Lalín. La mayoría, explican desde el centro, no tienen familia y ninguno tiene hijos. Hay quien tiene algún sobrino o algún familiar que está fuera o no se puede hacer cargo. Aunque gran parte de ellos son mayores con problemas cognitivos hay también alguna persona de mediana edad que sufre alguna enfermedad mental. Entre ellos alguna persona que pasó toda su vida en el centro psiquiátrico de Rebullón que cerró en el 2016.