Considera que el alta obligada es temporal y niega que cause perjuicios
16 may 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Los abogados del turno de oficio de Lalín recibieron ya la respuesta al recurso presentado ante el Consello da Avogacía Galega después de que el colegio profesional de Pontevedra les diera de alta obligada para prestar el servicio del turno como respuesta a su baja en bloque que era una medida de fuerza en su reivindicación de mejoras. Califican la resolución que les enviaron como «un despropósito y una infamia».
El Consello les dice que no puede suspender la alta obligada porque alguien tiene que realizar el servicio del turno de oficio y se quejan de que, apuntaban ayer los representantes del colectivo de letrados lalinenses, «no están dispuestos a que se cubra el servicio del turno de oficio desde fuera de la zona, viniendo abogados de otras partes de la provincia». Les imputan, dicen, «que dejamos la zona vacía». Desde el Consello da Avogacía Galega consideran que la situación no acarrea un perjuicio a los letrados ya que exponen que los servicios van a ser remunerados de acuerdo con un baremo anual. Los abogados lalinense no están de acuerdo con esta afirmación y argumentan que «no se remuneran todos los servicios que se prestan como es el caso del transporte y el desplazamiento para acudir a los distintos cuarteles de la zona para prestar asistencia a detenidos e investigados y realmente no se nos remunera nada, que precisamente la exigencia de una remuneración por nuestro trabajo es una de nuestras reclamaciones, sino que se nos indemniza por los gastos, no nos remuneran».
El alta obligada es, de momento, por un trimestre. Y desde el Consello se echa mano de esa temporalidad para decir que es una medida limitada en el tiempo, que son costes asumibles y que les van a pagar más aludiendo a un acuerdo adoptado en febrero para subir las cantidades del baremo. Unas cuantías que continúan sin ser suficientes.
Especialmente mal les sentó a los letrados lalinenses la respuesta del Consello a sus argumentos de que con el alta obligada habrá profesionales que tendrán que prestar un servicio de una especialidad que no tienen. Se quejan de que lo interpretaron como «ignorancia e incompetencia», como refieren en su respuesta, por parte de los profesionales cuando, explican, «lo que decíamos era muy distinto» y ponen un ejemplo que «es como si a un médico de familia le hacen ejercer de repente de cirujano cardiovascular». El colectivo de abogados anunció que recurrirá los recursos.
Negativa del colegio provincial a encargarse de la provisión de suplentes y resolver incidencias
El Colegio de Abogados de Pontevedra rehusó a encargarse de cuestiones como la provisión de suplentes, en caso necesario, y la resolución de incidencias del turno de oficio y deja en manos de los propios letrados buscar a un compañero que les cubra si uno no puede acudir a una asistencia porque está en una vista, enferma o por cualquier otra cuestión.
Los abogados lalinenses pedían al colegio una provisión para financiar los desplazamientos y el transporte para realizar su trabajo en el turno de oficio, un contacto telefónico al que acudir para solucionar problemas e incidencias, una provisión de medios que les facilitaran realizar cambios en caso de asistencias que coincidan con juicios que tengan prefijados. Fueron peticiones que cayeron en saco roto y el colegio continúa delegado la regulación del servicio del turno de oficio en los propios abogados.
Indican que el colegio alega falta de fondos y dio traslado a la dirección xeral de Xustiza y esta argumenta que ya tiene comprometido el presupuesto a estas alturas. Se quejan de que hace escasos días les comunicaron un nuevo servicio de asistencia, al que puede acudir cualquier ciudadano independientemente de su situación económica, para temas relacionados con desahucios y ocupaciones al que se destinó para su financiación, apuntan, una partida de 54.600 euros y «no hay dinero para un servicio básico y tan importante como la asistencia del turno de oficio», lamentan. Desde el sindicato Venia solicitaron ya dos veces una reunión con el conselleiro de Xustiza pero continúan sin obtener respuesta, apunta su delegada.