La nueva tasa sobre gasolinas, en suspenso por las discrepancias entre comunidades
ECONOMÍA
El Consejo de Política Fiscal y Financiera se reunirá el próximo jueves para concretar cómo funcionará el nuevo impuesto El Consejo de Política Fiscal y Financiera decidió ayer aplazar, hasta el próximo jueves, la decisión de crear un nuevo impuesto sobre los hidrocarburos que serviría para financiar la sanidad. Pese a que todo estaba previsto inicialmente para que la propuesta de Cataluña fuera aceptada, finalmente sólo Madrid y Valencia la apoyaron sin reservas, el resto de las comunidades, incluidas varias gobernadas por el PP, consideraron «precipitado» adoptar ayer el acuerdo. El principal argumento esgrimido en contra de la aprobación fue «la falta de tiempo para estudiar las repercusiones del impuesto».
16 nov 2001 . Actualizado a las 06:00 h.El consejero catalán de Economía, Francecs Homs, se vio obligado ayer a retirar del orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera su propuesta para que la recaudación de un nuevo impuesto sobre los hidrocarburos se desviase para financiar la sanidad ante la falta de consenso. El tema se estudiará, de forma monográfica, el próximo jueves. Hay todavía demasiados aspectos técnicos pendientes de concretar. El Gobierno cifra en unos 100.000 millones de pesetas (más de 600 millones de euros) la cantidad que se puede recabar en toda España para mejorar la sanidad. En Galicia se consumen anualmente 1.450 millones de litros de gasolina, pero no se puede saber qué cantidad representaría en recaudación hasta que se concrete el valor exacto de la tasa. En principio, la idea es que el Estado ceda a las comunidades autónomas una parte del precio que las gasolineras aplican directamente a los consumidores y cuyo valor está liberalizado. La Unión Europea obliga a que este nuevo impuesto sea finalista, es decir, a que no tenga fin recaudatorio y se destine a financiar la sanidad. Otras medidas Al margen de este nuevo impuesto sobre los hidrocarburos, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó ayer la cesión a las comunidades de capacidad normativa en el Impuesto de Matriculación, hasta un incremento máximo del 10% en la base del tributo. Finalmente, se optó por dejar la capacidad normativa del Impuesto de Electricidad en manos del Estado por sus dificultades técnicas. La tasa sobre los carburantes ha desatado un aluvión de críticas y lecturas antagónicas en la clase política y los consumidores. Loyola de Palacio, vicepresidenta de la Comisión Europea, recordó ayer que la carga tributaria en España es menor que en otros países y Rodrigo Rato argumentó que el recargo autonómico no es una medida «radical» y que supondrá un mayor autogobierno para las comunidades. En el lado contrario se sitúa la opinión de los consumidores. Juan Carlos Ulla, presidente de la asociación gallega, entiende que este gravamen es «insolidario» porque lo pagan por igual todos, con indiferencia de su nivel de renta. A nivel estatal, mientras la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tildaba la medida de «aberrante», la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU) decía que es una decisión inevitable con la nueva armonización fiscal propuesta por la Unión Europea. A las críticas se ha sumado también la patronal CEOE. José María Cuevas sostiene que estas iniciativa son una mala noticia porque disparan la inflación.