Bruselas recurrirá ante la Justicia la suspensión del Pacto de Estabilidad

Sobre el déficit público de Francia y Alemania todavía no está todo dicho. Después de que el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) paralizara de forma muy controvertida las sanciones contra estos dos países, haciendo oídos sordos a las recomendaciones de la Comisión Europea, ésta decidió ayer poner el caso en manos del Tribunal de Justicia de la UE por entender que el acuerdo que hizo volar el pedazos el Pacto de Estabilidad carece de base legal. Bruselas espera que los jueces tramiten este caso de forma acelerada y dicten una resolución antes de seis meses. Además del recurso judicial, el Ejecutivo comunitario anunció ayer otras dos medidas complementarias para hacer cumplir las reglas económicas de la Unión: mantener la vigilancia sobre la situación presupuestaria de los Estados miembros y presentar en el plazo de un mes una nueva iniciativa para mejorar la gobernabilidad económica. La última de estas propuestas no implicará cambio alguno en el Tratado de la UE, aunque «podría implicar mejoras en la regulación del Pacto de Estabilidad», manifestaron los servicios de Pedro Solbes, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios. La interposición de este recurso judicial es la respuesta que encontró la Comisión Europea para defenderse de la decisión alcanzada el pasado 25 de noviembre por el Consejo Ecofin, que paralizó los procedimientos sancionadores contra Francia y Alemania, pese a que éste será el tercer año en que sus déficits públicos acaben por encima del techo del 3% del PIB que marca el Pacto de Estabilidad. Nada más alcanzarse aquel acuerdo, con el voto en contra de países como España, Holanda y Finlandia, Solbes ya advirtió de que Bruselas se reservaba el derecho de recurrir la decisión ante los tribunales. Un informe emitido la semana pasada por los servicios jurídicos de la Comisión daba alas a esta opción, pues sostenía que la decisión del Ecofin no es válida, ya que sus acuerdos finales deben tomarse en función del análisis económicos que haga el Ejecutivo comunitario. Y Bruselas nunca propuso paralizar los procedimientos por déficit excesivo contra París y Berlín. «Obviamente, no todos los comisarios han estado de acuerdo», manifestó ayer Solbes. No obstante, el hecho de que la decisión no fuese sometida a votación, permitió que se saliese con la suya. La vicepresidenta de la Comisión, Loyola de Palacio, se situó claramente en el grupo de partidarios del recurso judicial, pues valoró que esta decisión busca proteger las «reglas de juego», la «igualdad de todos los Estados» y defender a la UE «como una construcción basada en el Derecho».? La Comisión también solicitó que su denuncia, que se limita a cuestionar los aspectos de procedimiento, que no el fondo de la decisión del Ecofin, sea tramitada de forma acelerada, lo que permitiría obtener una resolución en el plazo de entre tres y seis meses.

---

---

---