Los Veinticinco llegan a un acuerdo político para combatir los apagones
ECONOMÍA
La directiva europea sobre la seguridad del abastecimiento energético superó su primer obstáculo y ahora será remitida a la Eurocámara. Los ministros de Energía de los Veinticinco cerraron ayer un acuerdo político para impulsar la también denominada directiva contra los apagones, que prevé una serie de medidas para garantizar tanto el suministro como las inversiones en infraestructuras. La principal novedad con respecto a la propuesta lanzada por la Comisión Europea hace un año es que los Estados miembros eliminaron el papel de coordinador que se arrogaba Bruselas en esta materia. El proyecto de directiva pretende crear un mercado comunitario de la energía, «verdaderamente integrado y funcional», dice el texto, algo que sólo se puede lograr impulsando decididamente las redes de transporte, especialmente las interconexiones transfronterizas, porque facilitarán la competencia entre las empresas. Nueva red Para ello se requerirán grandes inversiones que, por otra parte, también ayudarán a velar por que la red pueda hacer frente a más demanda sin que las empresas y los ciudadanos europeos sufran interrupciones frecuentes del suministro o apagones. Aunque ninguna red puede ser fiable al cien por cien, sí es posible reducir los apagones al mínimo. El principal punto de esta directiva es que establece la obligación de que los Estados miembros designen las responsabilidades concretas de cada uno de los agentes del mercado -autoridad pública, reguladores, distribuidores, productores, consumidores-, para evitar que, cuando se produzca el apagón, los agentes implicados se reboten las culpas sin que ocurra nada. Todos estos puntos deberían permitir una optimización de los recursos energéticos, lo que ayudará, en opinión del Ejecutivo comunitario, a ser más eficientes, pues se estima que la UE consume un 20% más de energía de la necesaria, un gasto que podría reducirse en una quinta parte sin afectar a la calidad de vida de los europeos. Otra cuestión clave es quien controla todo este sistema. Cuando la entonces comisaria de Energía, Loyola de Palacio, presentó su iniciativa en diciembre del 2003 le atribuyó a la Comisión Europea el papel de coordinador de los procesos de inversiones en interconexiones, una de las medidas más importantes para garantizar el suministro eléctrico. Los Gobiernos nacionales eliminaron este punto, manteniendo ellos mismos la competencia, como también se redujeron las posibilidades de intervención por parte de las autoridades nacionales de regulación -compuestas por miembros independientes- a la hora de autorizar dichas inversiones, lo que aumenta el margen de maniobra para los Estados.