El sueldo de los empleados públicos estará vinculado a la productividad El estatuto afectará a 2,4 millones de trabajadores y entrará en vigor en abril
29 mar 2007 . Actualizado a las 07:00 h.Todos los grupos del Congreso de los Diputados, con la excepción del PP, respaldaron ayer el Estatuto Básico del Empleado Público, asignatura pendiente de la democracia, que, tras finalizar ayer su tramitación parlamentaria, entrará en vigor en abril. Un sistema retributivo vinculado a la productividad, regulación de la función directiva, derecho a la negociación colectiva, mejora del permiso de paternidad, jubilación parcial y anticipada, desarrollo de la carrera profesional, reducción del empleo temporal y jurados técnicos y profesionales para las pruebas de acceso son algunos de los principios que recoge. La norma cubre a 2,4 millones de trabajadores. Deja fuera a los colectivos que se rigen por leyes orgánicas como las Fuerzas Armadas, los cuerpos de seguridad o la Administración de Justicia. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, señaló que «es un instrumento esencial para mejorar la calidad de la prestación de los servicios a los ciudadanos. Hará una Administración más ágil, flexible y rápida», dijo. Resaltó que «por primera vez se establecerán unas reglas comunes para los trabajadores públicos de todas las Administraciones» sin interferir en las competencias de las comunidades y de los ayuntamientos. Por ejemplo, las autonomías fijarán las retribuciones específicas del puesto de trabajo de sus funcionarios. Igualmente, evaluarán el interés, la iniciativa o el esfuerzo de sus empleados. La coordinación entre las distintas Administraciones correrá a cargo de la Conferencia Sectorial, foro en el que participan los Gobiernos central y territoriales. Tres decretos Como toda ley, el estatuto necesitará tiempo y normas que desarrollen su contenido. Así, el próximo 17 de abril, responsables del ministerio se reunirán con representantes de CC.?OO., UGT y CSI-CSIF para iniciar el proceso. Sin embargo, Sevilla informó de que el Gobierno sacará adelante con carácter urgente tres decretos. Uno estará dedicado a la regulación del teletrabajo, actividad muy vinculada a la conciliación de la vida laboral con la familiar. El segundo se referirá a cómo se ha de medir y evaluar el rendimiento de los trabajadores; y el tercero, a definir y describir la función del directivo público. Los empleados tampoco tendrán que esperar mucho tiempo para poder acceder a las jubilaciones parcial y anticipada. El ministro explicó que el derecho de los funcionarios se introducirá como enmienda al proyecto de ley de Reforma de la Seguridad Social, que está previsto que vea la luz este año. Posición de los grupos El diputado popular, Juan Carlos Guerra, criticó las formas del PSOE por no haber intentado pactar el texto con el mayor partido de la oposición. También lamentó el rechazo de todas las enmiendas presentadas por su grupo. Reconoció que la ley recoge «algunos avances positivos para los funcionarios», pero lamentó la dejación de tareas que hace el Estado hacia otros ámbitos inferiores. Sevilla añadió que no encontraba «razones objetivas» para el rechazo. «No tengo duda de que las comunidades y ayuntamientos del PP van a desarrollar muy bien el estatuto, incluso así lo hará también este grupo cuando vuelva a la Moncloa, lo que espero tarde mucho tiempo en ocurrir», ironizó. Isaura Navarro, de IU, aseveró que la aprobación de la norma convirtió el día en memorable para «un gran número de funcionarios, que llevan años esperando un texto normativo que unifique, clarifique y actualice el marco jurídico que les es de aplicación».