El fiscal ve indicios de pagos irregulares en la privatización que se hizo de Initec en el 2000
ECONOMÍA
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha iniciado actuaciones por la venta en el 2000 de la antigua empresa nacional de ingeniería y tecnología (Initec), al considerar que, durante la misma, el Estado hizo pagos presuntamente irregulares al comprador, la multinacional estadounidense Westinghouse Electric Company. En total, se abonaron 7,2 millones de euros -de los que sólo se consideran justificados poco más de 100.000- porque los nuevos dueños de la empresa no creían que sus proyectos de futuro en investigación y desarrollo (I+D) fueran viables, argumento que iban a usar para justificar una reestructuración laboral en la compañía. ? Westinghouse, que en esta ocasión tuvo como socio a la empresa Técnicas Reunidas, advirtió entonces que sólo estaba dispuesta a asumir «el mínimo coste legal» (logró así que se les permitieran 190 despidos), y lo hizo incluso por escrito en la oferta que presentó ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El problema es que fue la única propuesta que se recibió por el conjunto de Initec, y el Gobierno de entonces, presidido por José María Aznar, optó por seguir con la operación en vez de aplazarla o por trocear la compañía.? Los compradores presentaron un precio de 30,9 millones -que incluía la devolución de los créditos adelantados por el Estado-, lo que permitió a la SEPI anotarse en libros un beneficio de 8,4 millones. El problema es que cuando el Consejo de Ministros aprobó la operación, el 31 de marzo del 2000 -casi 9 meses después de firmar un acuerdo de compraventa-, ya se conocían los ajustes hechos por Westinghouse y su socio, que aminoraban la factura final en unos 7,4 millones hasta quedarse en 23,45 millones. Este cambio obligó a rehacer las cuentas, de modo que el saldo positivo inicial para el Estado se convirtió en una perdida de 8,9 millones, si bien oficialmente sólo se reflejaron 5,2 millones, sin que se justificara tal variación. Pagos «irrazonables» La SEPI y la multinacional estadounidense zanjaron sus diferencias por 7,2 millones de euros, unos pagos que el Tribunal de Cuentas no ve «razonables», y por los que la fiscalía ha solicitado ya la apertura de un procedimiento administrativo por responsabilidad contable. Dado que la Abogacía del Estado se opone a la reclamación, habrá un juicio de reintegro por alcance que, si estima la pretensión del ministerio público, podría condenar a los antiguos responsables de la SEPI en el último Gobierno del PP a reintegrar ese dinero al Estado de su bolsillo o a lograr que Westinghouse lo devuelva, lo que llevaría a un nuevo pleito.?