Antes del juicio, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, consideró «escandaloso» que se haya tardado seis años en comenzar el juicio.
17 sep 2007 . Actualizado a las 18:19 h.Las acusaciones particulares en el juicio del caso Gescartera coincidieron hoy con la defensa al pedir que antiguos responsables de la CNMV comparezcan para explicar cómo se supervisaba a esta sociedad, mientras los afectados demandaron conocer el patrimonio del principal acusado, Antonio Camacho.
En el arranque del juicio oral abierto hoy, además de reclamar la responsabilidad civil del Estado varias acusaciones intensificaron su actuación contra Caja Madrid y La Caixa, quienes, por su consideración de responsables civiles subsidiarias, según fuentes jurídicas, pueden constituir un modo de recuperar parte del dinero invertido.
También la defensa de Camacho aprovechó la sesión para solicitar que declare como testigo el ex presidente de la CNMV Juan Fernández Armesto y el antiguo director de supervisión del organismo Ramiro Martínez Pardo del Valle.
Por su parte, la acusación de la Asociación de Usuarios Adicae reiteró en el planteamiento de las cuestiones previas que se debería imputar también a responsables de la CNMV, como la ex presidenta Pilar Valiente o el vicepresidente Luis Ramallo, y al ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna, cuestión a la que se sumaron la mayor parte de las acusaciones particulares.
Antes del juicio, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, consideró «escandaloso» que se haya tardado seis años en comenzarlo, mostró su esperanza en que se impute a más personas y se resarza a los afectados y calificó a Camacho como un «mindundi» que quería ser como el ex presidente de Banesto, Mario Conde, con el apoyo de algunos políticos y bancos.
Los letrados que defienden a los afectados tratan, además de que los 14 imputados respondan ante la justicia de las presuntas irregularidades cometidas, de recuperar la mayor parte posible de los 50 millones de euros que tenía como déficit patrimonial la agencia de valores, ya que, hasta el momento, sólo han podido cobrar 26 millones de euros del Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN).
En el banquillo de los acusados están sentados catorce responsables y empleados de la agencia de valores encabezados por Antonio Camacho, que llegó al recinto de la Casa de Campo acompañado por su abogado, Miguel Bajo, y su mujer, Laura García Morey, también acusada por el fiscal.
Las miradas de los pocos inversores afectados presentes en el público se centraron en Camacho, quien llegó a la Audiencia Nacional menos moreno de lo habitual, con traje azul, camisa clara, corbata oscura, maletín de piel, y sin las gafas de pasta que le caracterizaron hace más de seis años, cuando comenzó la instrucción del caso Gescartera.
En uno de los recesos de la vista, algunos afectados se dirigieron a Camacho y su esposa para recriminarles la «avaricia» que les llevó a «robar», según ellos, el dinero invertido por los clientes de Gescartera.
Precisamente para conocer el verdadero patrimonio de Camacho, la acusación particular de Construcciones Rico pidió documentación sobre el despacho de asesoría financiera Antdus Friaza SL, fundado por la madre de Camacho Pilar Friaza, y varias hipotecas sobre inmuebles constituidas en Bancaja por un montante superior a los 1,18 millones de euros.
El abogado aportó documentos del registro sobre inmuebles en Madrid y Boadilla del Monte relacionados supuestamente con Camacho, para quien el fiscal pide 11 años de prisión por apropiación indebida y falsedad.
Por contra, su defensa pidió documentación relacionada con sus años de trabajo y su patrimonio y que se admitiesen documentos relacionados con las aportaciones que como préstamos realizaba a favor de la sociedad.
La abogada defensora de Bolsa Consulting, una de las empresas que es considerada responsable civil de la apropiación indebida, afirmó que «la CNMV era plenamente consciente del desfase patrimonial que arrastraba durante años» Gescartera, fundada en 1992.
Además, el abogado defensor de Caja Madrid criticó la «absoluta arbitrariedad» del fiscal y las acusaciones particulares en el caso al buscar la culpabilidad subsidiaria de la entidad financiera sólo con la única excusa de su «solvencia» en un caso donde se dirime una responsabilidad civil superior a los 52 millones de euros
En la sesión de hoy la Sección cuarta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional habrá de decidir, entre otras cuestiones previas, sobre la petición para que se anule únicamente la apertura de juicio oral por responsabilidad civil subsidiaria contra Caja Madrid Bolsa.
Además de otras peticiones de pruebas y de responsabilidad para otras entidades financieras como Bankinter, HSBC y Deutsche Bank hechas por varias de las 40 acusaciones personadas, la representación de Pilar Friaza, la madre de Camacho, quiere dejar sin efectos las actuaciones desde el periodo de instrucción.
Fuentes jurídicas, sin embargo, creen improbable que prosperen estas peticiones pues supondrían un nuevo retraso en este caso que, después de seis años de instrucción, debe decidir sobre las personas y sociedades que participaron en la estafa y apropiación indebida que se produjeron presuntamente, a través de la agencia de valores.