| El fiscal Vicente González Mota se opuso ayer a que se sienten en el banquillo del caso Gescartera los altos cargos de la Administración del PP que se vieron implicados en el mayor escándalo financiero de la época.
El ministerio público rechazó sumarse a la mayoría de las acusaciones particulares, representantes de los 4.000 afectados por la estafa, que han pedido al tribunal que enjuicie, entre otros, a la entonces presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores Pilar Valiente, al vicepresidente del regulador y ex diputado del Partido Popular Luis Ramallo y al que fue secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna.
El fiscal defendió ante los magistrados que procesar ahora a personas que, como Valiente, ni siquiera fueron llamadas a declarar en la fase de instrucción supondría una grave vulneración de sus derechos constitucionales. González Mota, con todo, no quiso dar la impresión de que con su posición pretendía absolver de responsabilidad política o ética a quienes debían supervisar el funcionamiento y la situación económica de Gescartera. «De encontrarse alguna responsabilidad, no es por colaboración en una estafa», acotó.
Caso distinto es el de Giménez-Reyna y entidades bancarias como el BSCH, Bankinter y Deutsche Bank, que sí fueron imputados, pero no resultaron finalmente procesados. El fiscal recordó que la jueza instructora, Teresa de Palacio, no encontró ningún indicio de delito en su contra y añadió que los abogados de los afectados tampoco lograron aportar base alguna para justificar su acusación. «No basta tener relación con Gescartera para ser acusado», les reprochó. González Mota criticó de forma particular a la organización de usuarios Adicae, promotora de la iniciativa, por pretender procesar ahora a personas a las que no acusó en su momento.
Magistrados sorprendidos
La segunda sesión del juicio sirvió para escuchar las opiniones de acusaciones y defensas sobre la petición de pruebas y exposición de cuestiones previas a que se dedicó la vista del lunes. Al inicio de la jornada, la presidenta del tribunal, Carmen Paloma González Pastor, rompió su amable tono habitual para revelar que los magistrados se han visto «sorprendidos» por la pretensión de varias defensas de que los acusados no tuvieran que asistir a las vistas. «Eso es absolutamente imposible, porque es absolutamente ilegal», les reprendió.
La Fiscalía también se opuso a la pretensión de varias acusaciones de traer al juicio como testigos a los empleados de Bancaja que hace unos meses concedieron al principal acusado, Antonio Camacho, tres hipotecas por un montante total de 1,18 millones de euros. González Mota argumentó que estos préstamos afectan a la responsabilidad civil del dueño de la sociedad de inversión Gescartera, que depende del juez instructor.