Cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores decidió intervenir Gescartera en junio del 2001, la agencia de valores le comunicó que contaba con fondos de clientes por valor de 77,52 millones de euros. Pero pronto quedó claro que la sociedad apenas contaba con unos 2,4 millones. «Todavía no sabemos adónde fue a parar la diferencia», sostuvieron ayer ante el tribunal los dos técnicos del órgano supervisor. Además de explicar las razones que llevaron a la intervención, Carlos Sánchez-Vilar y Carlos Bucero se vieron obligados a justificar la tardía actuación de la CNMV. Los letrados de las partes criticaron que el organismo no actuase hasta el 2001. Los técnicos reconocieron que en abril de 1999 se produjo un hecho excepcional: el director de supervisión, David Vives, pidió que se relevara a su departamento de inspeccionar Gescartera.
Se trata de un dato relevante, ya que casa con una anotación que la acusada Pilar Giménez-Reyna realizó en su diario en esa fecha y en la que indicaba que su hermano Enrique -entonces director general de Tributos- había intercedido ante la CNMV a favor de Gescartera. La entrada en la agenda explica que Pilar Valiente, por entonces consejera del organismo, «da un revés» a David Vives.