La guerra entre Camacho y sus cómplices impide saber dónde está el dinero de Gescartera

Pablo Allendesalazar

ECONOMÍA

Un mes de juicio y ni un ápice de luz.

13 oct 2007 . Actualizado a las 02:49 h.

La vista oral por el escándalo de Gescartera no ha permitido de momento despejar la duda que martillea a los afectados del escándalo desde hace seis años: dónde están sus ahorros. Las declaraciones de los 14 acusados sólo han contribuido a enmarañarlo todo aún más. Antonio Camacho, el dueño de la agencia, sostiene que perdió los 50,22 millones de euros en malas inversiones. Pero sus presuntos cómplices coinciden en que se los llevó al extranjero y dicen que allí deben seguir.?Ni el uno ni los otros tienen documentos para acreditarlo.? Las instalaciones de la Audiencia Nacional en la madrileña Casa de Campo se prestan a situaciones incómodas. El paso del tiempo, la ausencia de los implicados políticos y las indemnizaciones adelantadas por el fondo de garantía de inversiones (Fogain) han provocado que acudan contadas víctimas y escasos periodistas. Pero las decenas de abogados que representan a las partes provocan colas cada mañana a las puertas de las instalaciones. Codo con codo, los acusados van entrando a la sala y dan silencioso testimonio del abismo que hoy separa a quienes durante nueve años hicieron funcionar la maquinaria de Gescartera.

Numerosos letrados

Camacho y su mujer, la también acusada Laura García Morey, están casi siempre solos o acompañados de sus dos letrados. No es raro, en cambio, encontrarse al resto de los procesados comentando el desarrollo de la sesión o intercambiándose confidencias. Este comportamiento fuera de la sala es solo un reflejo de lo que se ha podido ver dentro: todos culpan a Camacho de su situación y lo responsabilizan de cualquier actividad delictiva que pudo realizarse dentro de la agencia. Su ex jefe, claro está, argumenta justo lo contrario.

En lo único en que todos están de acuerdo es en que la Comisión Nacional del Mercado de Valores conocía la situación de Gescartera muchos años antes de intervenir. Está acreditado que el supervisor investigaba la agencia desde los 90, pero el juicio no está permitiendo fijar si el retraso se produjo solo por los fraudulentos tejemanejes de los acusados para ocultar la situación.