Botín se desvincula de la compra de Fuensanta a los Rato y se remite a lo que pueda saber su segundo
ECONOMÍA
Emilio Botín, presidente del Grupo Santander, se desvinculó ayer de posibles irregularidades en la compraventa nueve años atrás de Aguas de Fuensanta, compañía asturiana propiedad de la familia Rato, al afirmar que dicha operación fue llevada a cabo por Banesto, filial del citado banco, por lo que desconoce cualquier detalle sobre esta. En este sentido, durante su declaración como imputado ante el juez que investiga este caso, José Sierra, se remitió a lo que pudiera decir su actual número dos, Alfredo Sáenz, entonces máximo responsable del Español de Crédito, y que también estaba citado para esta jornada.
La incomparecencia de este último, sin embargo, mantuvo las dudas sobre esa polémica adquisición por parte de Banesto, por la que han sido imputadas 18 personas (entre ellos, una decena de directivos del Santander) para responder como posibles autores o partícipes de cuatro presuntos delitos: administración desleal, falsedad en documento mercantil, negativa a socio del derecho de información y cohecho. Quien sí acudió al juzgado fue Jaime Botín, hermano del presidente y ejecutivo del mismo grupo, que también se desvinculó del caso y apuntó a Sáenz como la persona que podía aclararlo todo.
Lo que sí admitieron ambos declarantes es su buena relación con Rodrigo Rato (que junto a su hermano Ramón eran los principales accionistas de Aguas de Fuensanta, y que deberá declarar el próximo día 27), si bien matizaron que a nivel comercial o financiero sus relaciones con él fueron solo institucionales por razón del cargo de aquel.
Pago «desorbitado»
Banesto compró el 45,3% de las acciones de Aguas de Fuensanta por cerca de seis millones de euros el 16 de marzo de 1999, en pleno proceso de desinversiones industriales en el banco. Según la querella presentada por dos accionistas minoritarios del Santander, los abogados Antonio Panea y Francisco Franco Otegui, dicha suma resultaba «desorbitada» para una sociedad que, según ellos, estaba en «quiebra técnica», por lo que el verdadero objetivo de la transacción sería, en su opinión, «ganarse el favor» del político.
Los querellantes sostienen que tanto el entonces presidente del banco como sus consejeros autorizaron una operación «perniciosa» para los intereses de los accionistas del este. Y es que, según el precio abonado, estiman que se valoró en casi 12,3 millones de euros una empresa con una deuda de 9,4 millones al cierre de 1998, frente a unos fondos propios de solo 6,9 millones, y que además tenía pendiente con el propio Banesto un crédito de tres millones.