La inmobiliaria de Fernando Martín reclama ayuda a las Administraciones y a las entidades financieras, y comprensión a sus pequeños accionistas.
15 jul 2008 . Actualizado a las 00:36 h.Martinsa-Fadesa es insolvente. No puede pagar sus deudas. El consejo de administración de la inmobiliaria ha acordado este lunes, tras más de seis tensas horas de reunión, instar un concurso voluntario de acreedores ante la imposibilidad de atender sus deudas. La compañía justifica el paso en su intención de «garantizar la continuidad» de su proyecto empresarial. La firma, controlada por Fernando Martín, consciente del impacto que su apuesta creará en el sector y en la economía nacional, pidió apoyo a las administraciones y las entidades financieras, a las que debe 5.100 millones de euros, y comprensión a sus pequeños accionistas.
La inmobiliaria ha explicado que la solicitud fue adoptada «ante la constatación de las graves dificultades de tesorería» que sufre y la imposibilidad de contar con liquidez. A través de un comunicado, la compañía afirmó que su decisión ha sido tan rápida como le ha sido posible, y siempre en un intento de evitar cualquier perjuicio futuro para sus acreedores y proveedores. Tanto Fernando Martín como el resto del equipo directivo, apunta la firma, seguirán desempeñando sus funciones. Esa es la principal diferencia entre un concurso voluntario y uno necesario, en el que es un equipo de administradores judiciales el que toma el mando. Martinsa-Fadesa aspira a «solucionar el actual problema de liquidez y a cumplir con los compromisos en el menor plazo de tiempo posible». Para ello, añadie la inmobiliaria, se centrará (bajo la supervisión del juez) en «generar ingresos y vender activos».
La compañía fue suspendida de cotización a primera hora de este lunes cuando sus títulos caían cerca de un 25%. Desplome que se suma al sufrido el pasado viernes, que se saldó con un retroceso del 33%. En apenas dos jornadas bursátiles, Martinsa-Fadesa ha cedido la mitad de su valor. Una pésima noticia para Fernando Martín, que controla el 60% de la firma, y el resto de accionistas relevantes entre los que se encuentran Bancaja (5,9%), la familia Salazar (grupo SOS) con algo más del 2% y Ahorro Corporación Financiera, con un 4,9%.
Deudas
Martinsa-Fadesa firmó el pasado 7 de mayo una refinanciación (un crédito para respaldar otro anterior) de 4.000 millones de euros. De ese montante, 2.579 millones correspondían a la deuda derivada de la adquisición el pasado año de Fadesa. Otros 1.422 millones servirían para pagar compromisos a corto plazo. El resto hasta 5.100 millones, que es a lo que asciende la deuda total de la compañía, son débitos vinculados al propio negocio inmobiliario, como préstamos para la construcción y desarrollo de promociones o hipotecas a subrogar para los compradores de pisos. Fernando Martín llegó a presumir del logro que supuso esa refinanciación. «Es una operación de libro», dijo. Pero el problema de los créditos es que hay que pagarlos y cumplir con sus condiciones. Los 45 bancos que, de forma sindicada, suscribieron ese crédito impusieron a la inmobiliaria -entre otras- la condición de que lograra 150 millones de euros antes del 7 de julio para financiar proyectos en el extranjero. La firma está presente en once países tan diversos como Francia, Bulgaria, Marruecos, Rumanía, Polonia, Hungría o Eslovaquia. El objetivo era que la empresa no se parara.
Pero nadie está por la labor de prestar dinero, y menos a una compañía tan endeudada. Así, el contrato de refinanciación está desde el pasado día 7 en disposición de ser ejecutado.
Martinsa-Fadesa solicitó a sus bancos acreedores (entre los que destacan La Caixa y Caja Madrid, con 1.000 de préstamo cada uno, o Popular, con 400 millones) un aplazamiento de un mes para reunir ese dinero que, incluso, buscó en el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Pero no ha habido respuesta por parte de los bancos.
Mala noticia
El concurso de acreedores es una pésima noticia para todos. Para la empresa, es evidente, puesto que le pone contra las cuerdas. Para la banca, también, ya que nadie en su sano juicio podría aspirar a cobrar el 100% de lo que una empresa insolvente le adeuda. Y, no es menos importante, para el sector del ladrillo en España, que ha visto cómo hasta ahora mal que bien los grandes -muchos con enormes deudas a cuestas- salvaban la papeleta. La pregunta es ahora ¿quién será el siguiente? Y es que hay muchas inmobiliarias españolas como Colonial, Reayl-Urbis, Metrovacesa, etc. Que acumulan mucho dinero a crédito.
El escenario cambia así de forma radical. Cae el primero de entre los líderes, y en este negocio el contagio y la psicosis se extienden como una mancha de aceite. Además, los fondos inversores extranjeros que aún no hayan abandonado el ladrillo español ya tienen la excusa perfecta para salir corriendo. Eso sin contar con el impacto en el mercado laboral .
Ascenso y caída
Martinsa, la inmobiliaria de Fernando Martín y su socio el promotor Antonio Martín (que cuenta con un 15,11% del capital), creció al calor del 'boom' de los últimos años. Sobre todo en el centro del país. La empresa ganó tamaño en poco tiempo y, según algunas voces del sector, lanzó su última apuesta demasiado tarde o con un notable exceso de confianza. Y es que compró Fadesa en septiembre de 2006 a la familia Jové por 2.200 millones. Muchos analistas recuerdan que la operación se firmó muy poco antes de que el mercado inmobiliario empezara a desinflarse.
Fernando Martín pagó 35,7 euros por cada acción de Fadesa. Hoy Martinsa-Fadesa se paga a 7,3 euros por título. Todo un atracón que Martín, que en su día estuvo en la cima del empresariado español -y además en la presidencia del Real Madrid- no ha podido digerir.
Especializada en viviendas tanto de primera como de segunda residencia a precios que el propio Martín dice son «de los que la gente puede pagar», la compañía se ha visto atrapada por el parón del mercado.
Martinsa-Fadesa tiene abierto otro frente, el del empleo. La firma había anunciado que pretendía realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que, según fuentes solventes, podría afectar a 300 trabajadores. En principio, este martes estába prevista una reunión con los sindicatos, a los que el concurso de acreedores ha cambiado completamente el 'campo de juego'. Los representantes de los trabajadores temen no sólo por el empleo directo, sino también por el indirecto que, recuerdan, «es mucho más».