La negativa de los sindicatos ha forzado a dar marcha atrás a la mitad de los cambios propuestos por el Gobierno con carácter urgente para mejorar el mercado laboral en un contexto económico adverso. Así, CC.?OO. y UGT han rechazado la constitución de empresas privadas de colocación y la rebaja de las cotizaciones sociales en aquellos empleos de sectores y actividades estratégicas, vinculadas a un nuevo modelo productivo.
Del programa solo se han salvado dos medidas. Una es la bonificación de 1.500 euros al año a las empresas que contraten con carácter indefinido a parados con cargas familiares. La otra iniciativa pasa por acelerar los trámites para que los desempleados que deseen convertirse en autónomos puedan invertir el 60% de la prestación que les correspondería por desempleo en instalaciones para su negocio. En la actualidad, la capitalización está limitada al 40%. El porcentaje restante se destina a pagar las cotizaciones de los primeros meses de actividad.
Fuentes próximas al Ministerio de Trabajo lamentaron ayer la actitud de los sindicatos, al considerar que es el momento de aunar esfuerzos para ayudar a los parados. En ese sentido, resaltan que la intermediación de las empresas privadas de colocación ya existe, y que su propuesta se limita a dar cobertura legal a esa situación. CC.?OO. y UGT insistieron en que no están dispuestas a que la medida suponga «un mecanismo trampa» para ampliar la actividad de las empresas de trabajo temporal y calificaron de «muy peligrosa» la existencia de unos servicios de empleo paralelos a los públicos, que cobren por casar ofertas y demandas laborales.
Las centrales, sin embargo, han accedido a que la rebaja de las cotizaciones a determinadas empresas se estudie en la mesa de diálogo social correspondiente, argumentando que este tipo de ayudas requieren un análisis detallado.
Dejar de destruir empleo
Al deterioro del mercado laboral se refirió también ayer el secretario general de UGT, Cándido Méndez, quien apuntó que antes de incentivar la contratación, lo prioritario es frenar la destrucción de empleo. «Es urgente inyectar liquidez en las empresas para que el dinero llegue a las familias», añadió. En segundo lugar, juzgó preciso que el Gobierno garantice «hoy y mañana» la protección por desempleo.
Otra iniciativa vital, para Méndez, es el refuerzo del sector industrial, para evitar que la destrucción de puestos de trabajo se traslade a las empresas auxiliares. Dijo que la aplicación de regulaciones de empleo temporales en grandes firmas suele provocar despidos en las firmas dedicadas al suministro de componentes.