La caída de Lehman Brothers desencadenó hace ahora algo más de un año la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión. Desde entonces, y según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el apoyo al sector financiero de los Gobiernos y los bancos centrales de Estados Unidos, la zona euro y el Reino Unido ha dejado un rastro de 8,8 billones de dólares (5,9 billones de euros): 2,5 billones en compras de activos, 1,9 en inyecciones de capital y 4,4 en avales y garantías. Y eso sin contar las medidas de estímulo fiscal y las políticas monetarias expansivas.
Las ingentes aportaciones de dinero público parecen haber dado sus frutos: el pánico ya no es tal y las principales economías del mundo, unas más que otras, parecen encarar la senda de la recuperación. Harina de otro costal es el escenario en el que se mueve el sector financiero. En ese terreno, y a pesar de las continuas llamadas de atención de las autoridades, las lecciones del caso Lehman no parecen haber calado hondo. O eso al menos es lo que se desprende de algunos aspectos como el hecho de los bonus se muevan otra vez en cifras similares a las que se manejaban antes de la quiebra del todopoderoso banco de inversión, o el de que las entidades sigan comercializando productos tan complejos y desregulados como los que estuvieron en el origen de la tormenta.
Pocos cambios
Y ni que decir tiene lo poco que han cambiado las cosas en el capítulo de la regulación. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea se han desgañitado anunciado ambiciosas reformas, que, de momento, apenas se han concretado. Hasta tres reuniones del G-20 han tenido lugar desde que estalló la crisis y en ninguna de ellas se han conseguido avances significativos en aspectos tan vitales como el de dotar de mayor poder a los organismos supervisores o en otros menos relevantes, pero con gran eco en la opinión pública, como el de poner topes a las millonarias retribuciones de los banqueros. Y como muestra un botón: Goldman Sachs acaba de anunciar unos excelentes resultados trimestrales y también, para escándalo de muchos, que tiene reservados unos 11.200 millones de euros para premiar a sus empleados.
Y lo peor es que en muchos analistas ha arraigado la idea de que las ayudas públicas podrían haber sembrado la semilla de la próxima crisis, por la impresión que ha quedado de que las arcas públicas volverán a pagar la factura en el caso de otra hecatombe.