La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga a Air Comet por un presunto delito de estafa
ECONOMÍA
El cierre de la aerolínea Air Comet, que la pasada Navidad dejó en tierra a varios miles viajeros que habían pagado sus billetes, ya es materia de indagación judicial. La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió ayer diligencias de oficio para investigar un presunto delito de estafa por parte de la dirección de la compañía, propiedad del presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y del dueño del Grupo Marsans, Gonzalo Pascual, que habría seguido vendiendo pasajes pese a saber que la quiebra era inminente.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, adoptó esta decisión contra el criterio del magistrado Santiago Pedraz, quien la semana pasada rechazó tramitar una denuncia interpuesta por ocho asociaciones de consumidores en nombre de medio millar de afectados. Argumentaba Pedraz que la acusación formulada por los usuarios eran «meras afirmaciones» insuficientes para iniciar un procedimiento penal. El Ministerio Público discrepa y cree que de la denuncia «se desprenden con meridiana claridad hechos de apariencia delictiva» que afectaron a «un elevado número de personas».
La Fiscalía quiere aclarar si Air Comet vendió un número importante de billetes en diciembre del 2009 pese a saber que «no iba a poder prestar el servicio de transporte aéreo contratado».
Inmovilización
Una de las claves de la investigación será el informe solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, para averiguar si la compañía mantuvo abiertos sus canales de venta después del 18 de diciembre. Ese día un juez de Londres ordenó cesar de inmediato la venta de billetes, e inmovilizar al lunes siguiente sus aviones por no pagar los 17 millones de euros que debía en concepto de alquiler al banco alemán HSBC Nord Bank, propietario de los aparatos.