De poco ha servido que la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, reiterara ayer que, pese a la rebaja de la calificación de Standard & Poor's (S?&?P), la deuda española mantiene una «excelente» nota y que en nada choca con la percepción de incipiente «recuperación» que el presidente Zapatero tiene de la economía nacional. Tras el informe negativo de la agencia estadounidense, que se trasladó el miércoles a un virulento desplome de la Bolsa (ayer el Ibex 35 recuperó un 2,69%), se multiplicaron las presiones para que el Gobierno adopte de forma urgente reformas estructurales.
El Banco de España, entidades financieras como el Santander o el BBVA, además de la Comisión Europea, por boca de su vicepresidente y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, fueron algunas de las voces que exigieron medidas de calado, como la reforma laboral o la contención del déficit público, ya. El objetivo es evitar a toda costa el «contagio» de la crisis griega y el castigo de los inversores.
«Los mercados están mostrando, con su tendencia a la sobrerreacción, una llamada a la necesidad de que se adopten las medidas de política económica necesarias para abordar las reformas estructurales», señaló el director general de estudios económicos del Banco de España, José Luis Malo de Molina.
Desde el supervisor reclaman a Zapatero una «voluntad decidida» para cumplir con el pacto de estabilidad y reducir el déficit público al 3% en el 2013, como exige Bruselas, además de sacar adelante la postergada reforma laboral y reestructurar el sistema financiero.
También el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, se mostró a favor de que el Gobierno actúe sin perder más tiempo, porque aunque los mercados estén reaccionando de forma «exagerada», no se pueden «despreciar» los mensajes que envían. Asimismo, instó a los agentes sociales a que colaboren en la búsqueda de soluciones, en referencia al bloqueo del diálogo social.
Desde el Banco Santander, como la víspera lo hizo el BBVA, su consejero delegado, Alfredo Sáenz, también reclamó reformas al Ejecutivo, incluyendo «cuanto antes» la del mercado laboral.
Ultimátum de Corbacho
Y tanta exigencia en el mismo sentido parece que encontró eco en el Gobierno, ya que menos de 24 horas después de advertir en el Parlamento que si los agentes sociales no se ponían de acuerdo sería el Ejecutivo quien plantearía la reforma del mercado de trabajo, el ministro Corbacho elevó ayer el tomo de la advertencia, al dar un plazo máximo de quince días para que tal entendimiento se produzca.
Desde CEOE, su secretario general, José María Lacasa, afirmó que los temas estaban ya «lo suficientemente debatidos» como para llegar a acuerdos, aunque estos no parecen ser inminentes, pues el secretario general de UGT, Cándido Méndez, confirmó a La Voz que no espera que se produzcan antes de finales de mayo, aunque este jueves los interlocutores volvieron a reunirse.
Así las cosas, S?&?P también rebajó ayer la nota a la deuda del País Vasco y Navarra, que pasan de AAA (calidad extrema) a AA+ (máxima superior), mientras que el presidente de Repsol, Antonio Brufau, recordó que las agencias «a veces también se equivocan».