Ordóñez reclama medidas inmediatas frente a la lentitud del Gobierno en afrontar las reformas
ECONOMÍA
El nuevo episodio de turbulencias en el mercado de la deuda, y el contagio de la inestabilidad de Irlanda han hecho que el Banco de España insista en sus mensajes, ahora con carácter de apremio. El pasado septiembre instaba al Gobierno a no caer en la «fatiga reformista» porque aún quedaba «mucho por hacer». Ahora, pese a las 26 actuaciones prioritarias que se acaba de marcar el Ejecutivo, el gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha aprovechado su comparecencia en el Senado, previa al debate de Presupuestos, para aconsejar que, «de manera inmediata», emprenda una reforma de pensiones «suficientemente ambiciosa». «Tenemos que convencer a los mercados de que somos capaces de hacer lo que hemos dicho que vamos a hacer», aseveró.
Entre septiembre y hoy se ha producido el cambio de Gobierno y se ha acrecentado la desconfianza de los mercados, dando cancha a los especuladores. Consciente del debate abierto con los interlocutores sociales, e inquieto por las manifestaciones del ministro de Trabajo, que ha hablado de remitir el proyecto de ley al Congreso «en torno al mes de abril», el responsable de la disciplina financiera fue más allá que en ocasiones recientes.
Defendió que un propósito decidido de abordar cambios en el sistema de jubilación serviría para reafirmar el compromiso de las autoridades con la disciplina presupuestaria y con su capacidad de afrontar «transformaciones de calado». Por eso pidió que las modificaciones no se queden en pequeños cambios, sino que sean sustanciales y lo abarquen todo, desde la elevación de la edad legal de jubilación -el Gobierno mantiene, pero ya no defiende, el aumento de los 65 a los 67 años-, hasta el incremento en el mínimo de años necesarios para acceder a la prestación, pasando por el período de cálculo de la pensión. Estas reformas «permitirían aliviar de manera sustancial la presión sobre el futuro gasto público en pensiones». Es decir, que Fernández Ordóñez no solo ve con preocupación la posibilidad de que el debate sobre la modificación del Pacto de Toledo se prolongue, sino que advierte del riesgo de que, en aras del consenso, se pudiera llegar a una reforma parcial y, a su juicio, insuficiente.