El temor a una espantada de inversores anima al Gobierno a nacionalizar las cajas
ECONOMÍA
Rubalcaba admite que el Ejecutivo prepara «un plan urgente» para recapitalizar a todas las entidades
22 ene 2011 . Actualizado a las 06:00 h.No hay marcha atrás. Gobierno y Banco de España están de acuerdo en la necesidad de acelerar al máximo la recapitalización de las cajas y preparan una nueva inyección de liquidez en el sector que se espera pueda ser definitiva. Se especula con la posibilidad de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) libere hasta 40.000 millones de euros más para completar los 11.562 con los que se consolidó la primera ola de fusiones en el año 2010.
El cálculo coincide con las necesidades de capital difundidas recientemente por la consultora Merrill Lynch para las cajas españolas, que cifró en 42.800 millones la capitalización precisa en el peor escenario de estrés, que presupone una pérdida de hasta el 15% en los activos ponderados por riesgo de las cajas y unos requisitos de capital de primera calidad (Tier 1) del 8,5% fijado por las normas de Basilea III.
Pero esta vez el FROB no actuaría mediante emisiones preferentes (especie de créditos a devolver en un plazo de siete años), sino de una entrada en toda regla en el corazón de las cajas, (posiblemente con cuotas participativas con plenos derechos políticos) que en la práctica supondrían una nacionalización parcial de las financieras.
La medida tendría un carácter temporal y llegaría impulsada por el temor del Gobierno a que los inversores dejen en la estacada a España en su búsqueda de capital para las entidades. Moncloa cree que las últimas emisiones (de Mare Nostrum primero y Caja Duero después) han demostrado una desconfianza internacional que podría tener consecuencias muy negativas para la economía nacional. Y considera urgente resolver todas las dudas, si hace falta con una intervención directa en el sector, que se disiparía en el tiempo a medida que se refuerce la solvencia y los mercados mejoren su respuesta.
Rubalcaba da pistas
El vicepresidente del Ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba, admitió ayer que hay «un plan» en marcha, en el que también estarían participando el Banco de España y la Confederación de Empresarios (CEOE), para acelerar todo el proceso con dos objetivos claves: una mejora inmediata de la solvencia y la recuperación de la credibilidad. Añadió también que si fuera preciso «se introducirán cambios legislativos» para forzar a las cajas a transitar por esta nueva hoja de ruta.
Este marco regulatorio, posiblemente en forma de decreto, completaría la reciente Ley de Cajas (Lorca) y vendría a forzar la conversión de las cajas en bancos. El gobernador del regulador financiero, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, entiende que la bancarización es la vía más eficaz para disipar la desconfianza de los inversores internacionales. De hecho, esa fue su propuesta inicial, cuando arrancó la primera reestructuración del sector.
Hasta ahora, la presión de las comunidades autónomas evitó la desaparición formal de las cajas. Pero en medios políticos se habla ya de que estaría negociándose un gran pacto PP-PSOE para que esta vez el proceso sea efectivo.
Expectación
Queda por ver la respuesta de las comunidades autónomas. En Galicia, el presidente de la Xunta ya admitió esta semana que están «expectantes» con las posibles modificaciones legales y señaló que tomarán una posición pública en el Parlamento en cuanto se aclare el futuro escenario. En Cataluña, la Generalitat ya ha abierto conversaciones con La Caixa y la nueva Caixa Catalunya para garantizar la continuidad de las entidades con pleno control autonómico, sea en forma de bancos o de cajas.
Fuentes de las cajas negaron ayer que estén participando en la elaboración de este plan del Gobierno y afirmaron no haber recibido documentación alguna al respecto. Recientemente, la ministra de Economía, Elena Salgado, les tanteó sobre la posibilidad de acelerar su transformación en bancos. Pero la Confederación de Cajas (CECA) rechaza frontalmente este escenario, así como un endurecimiento de la normativa. La actual ley de cajas se aprobó en verano y las autonomías están todavía adaptando sus normativas. La Xunta ya ha anunciado que llevará su propuesta al Parlamento en marzo o abril de este año.
La intención es que las cajas traspasen todo su negocio a una ficha bancaria y se limiten a gestionar la obra social, directamente o a través de una fundación. El modelo permitiría a los mercados identificar con claridad a los accionistas de la entidad.