La ayuda de 210 euros mensuales, que ha beneficiado desde 2008 a 270.000 jóvenes entre 22 y 30 años, se dirige a personas con ingresos inferiores a 22.000 euros brutos anuales y titulares de un contrato de alquiler.
24 feb 2011 . Actualizado a las 11:05 h.La secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, explicó hoy que «en breve» se comunicará a 15.271 jóvenes que según su declaración de la renta de 2009 han incumplido algún requisito para recibir la renta básica de emancipación, por lo que se suspenderá cautelarmente la ayuda de 210 euros mensuales.
La notificación de incidencia, recalcó la exministra ante la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, no implica en todos los casos que los beneficiarios acaben perdiendo el derecho a la prestación, sino que dependerá de la resolución de las administraciones competentes, las comunidades autónomas, una vez conozcan las alegaciones de los afectados.
La ayuda de 210 euros mensuales, que ha beneficiado desde 2008 a 270.000 jóvenes entre 22 y 30 años, se dirige a personas con ingresos inferiores a 22.000 euros brutos anuales y titulares de un contrato de alquiler.
Corredor aseguró que entre los 8.214 jóvenes que recibieron notificaciones cuando se cruzaron los datos fiscales de 2008, y les fue comunicado a partir del pasado 27 de mayo, una parte pudo justificar su incumplimiento.
En algunos casos, la Agencia Tributaria señaló a jóvenes cuyo sueldo estaba en 2008 por debajo del citado umbral, pero que cobraron después atrasos del año 2007, y pudieron seguir recibiendo la ayuda una vez aclarado el origen de los ingresos que superaron el límite.
Otro caso, el más característico, es el de parejas que presentaron declaraciones de la renta conjunta, y que tuvieron que mostrar los datos separados, para verse si alguno de ellos había superado el tope.
Corredor, cuya cartera ha quedado integrada en Fomento, recordó que el Gobierno creó la ayuda en 2008 «con la convicción del papel activo que el Estado debe jugar en situaciones injustas».
Dicha ayuda, que se puede cobrar durante un plazo máximo de 4 años, debe ser otorgada o retirada por las comunidades autónomas, por lo que pidió que «nadie atribuya a este Gobierno responsabilidades que no le corresponden».
«Todo ello con un objetivo claro: garantizar que todo aquel que tenga derecho a recibir la ayuda pueda hacerlo, haciéndole las cosas más sencillas, y evitar comportamientos poco éticos de aquellos que pudieran pretender cobrar un dinero que no les corresponde», dijo.