Durante su encuentro con inversores (en la cita había alrededor de una treintena de fondos de inversión), tanto José Blanco como Beatriz Corredor, responsable de Vivienda, intentaron paliar la mala imagen que se ha extendido en el Reino Unido en los últimos meses sobre el mercado español: casos de corrupción, británicos obligados a demoler las casas que habían comprado por no ajustarse a los planes locales o atrapados en laberínticos problemas burocráticos y legales.
«Hemos detectado debilidades en la información», admitieron. En todo caso, apuntaron que afectan a «menos del 1% de los residentes británicos». Para dar mayor seguridad legal a los compradores, informa Colpisa, el registro de la propiedad incluirá a partir de ahora también documentación sobre los procesos administrativos que afectan a cada vivienda.